Cierto es que Argentina es uno de los países de la región con más violencia y las fuerzas de seguridad no escapan a ello. Pero también lo es que las instituciones policiales están atrevesadas por una fuerte desigualdad de género y que el personal necesita un abordaje especial por su portación de armas de fuego y el manejo cotidiano de altos niveles de estrés y violencia.
Los datos son contundentes y apenas entregan un panorama parcial de la cruda realidad. En los últimos cinco años, sin contar el 2022, los sumarios a policías por casos de violencia de género pasaron de 3 anuales a 59 registrados en 2021, según las estadísticas de la Inspección General de Seguridad.
Incluso en un año, del 2020 al 2021, el crecimiento fue abrupto pasando de menos de 30 casos al doble. Y ya en 2022, solo hasta septiembre, se habían iniciado otros 32 sumarios.
Son en parte estos números los que alertaron al Ministerio de Seguridad que, a mediados del año pasado se puso a trabajar en la elaboración de un nuevo Protocolo de Abordaje y Prevención que finalmente fue aprobado el pasado 15 de noviembre.
Del 2016 al 2021 los sumarios a policías por casos de violencia de género pasaron de 3 anuales a 59, según las estadísticas de la Inspección General de Seguridad.
El crecimiento de la violencia en el personal policial y penitenciario como fundamento
"Es menester brindar asesoramiento y acompañar a las personas involucradas en hechos de violencia, situaciones de grave estrés o en situaciones donde el personal policial y penitenciario de la Provincia de Mendoza requiera algún tipo de tratamiento o intervención, asegurando el capital humano y el cuidado de terceros, tomando medidas proactivas de abordaje, seguimiento y prevención continua", consideraron en el Ministerio de Seguridad antes de encarar el proyecto.
Y es necesario, dijeron también, actualizar medidas específicas para "mejorar el servicio policial y penitenciario y el respeto de la diversidad, de los derechos humanos y el cuidado del personal".
El propio Protocolo, en el que la labor de la subcomisario y licenciada en Seguridad Cecilia Zambrano fue clave, fundamenta que es urgente transformar a las fuerzas de seguridad y armadas para "deconstruir formas autoritarias, garantizar derechos humanos y una vida libre de violencia".
Que la violencia institucional como también la intrafamiliar, la de género y la laboral se han incrementado en la Policía y Penitenciaría de Mendoza, y que eso no solamente se ve reflejado en los actos en sí que se publican día a día en los medios de comunicación sino también en los números que maneja la IGS respecto de sumarios iniciados y los casos que aborda el Programa de Promoción Integral al Personal Policial, que son muchos más que los que demandan una investigación sumarial.
El objetivo, explica el Ministerio de Seguridad, es no solo erradicar los actos de violencia en general o de género sino también cualquier acto discriminatorio y la revictimización del personal que sufre una situación de grave estrés.
Los números que alertaron al Ministerio de Seguridad
Si nos centramos exclusivamente en los casos que llegaron a la Inspección General de Seguridad y provocaron el inicio de un sumario, las estadísticas indican que en el año 2017 hubo un aumento. Pero explican desde el organismo que solo tienen registros del 2016 en adelante y que con el correr de los años, las víctimas de casos de violencia se animan más a denunciar.
De todas maneras sí fue llamativo el abrupto crecimiento de sumarios por violencia de género en policías que se dio en 2021 cuando pasaron de menos de 30 anuales al doble (59).
En el caso de la violencia institucional, los registros se mantienen constantes pero con leve tendencia al aumento. De hecho en los primeros nueve meses de este año, ya se afrontaron 40 sumarios.
Estos números son apenas un reflejo: "Los casos no representan la totalidad de las denuncias, sino solo aquellos en los que por las pruebas se inició una investigación sumarial".
"Los varones violentos van en aumento", marcan desde el Programa de Promoción Integral Al Policía que coordina Zambrano. Muestra de ello son las intervenciones que de asistencia que realizaron en los últimos cinco años: 269 hechos en los que una mujer policía fue víctima; y 287 casos en los que un policía fue el victimario.
"En los últimos años ha crecido con mayor velocidad la cantidad de policías victimarios", argumentaron desde el Programa cuando se redactó el nuevo Protocolo.
"La violencia aparece como una constante entre el personal policial y se ha visto incrementada en casos de personal penitenciario", dicen.
Puntualmente, respecto de la violencia de género, el ministerio de Seguridad se apoya también en las estadísticas del observatorio de violencia de género Ahora que sí nos ven: en Argentina, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se registraron 127 femicidios; es decir, uno cada 34 horas (además de los 95 intentos).
De ese total, el 64% fue cometido por parejas o exparejas y en 5 casos, los femicidas fueron policías y un militar.
El caso Ontiveros conmocionó a todo Mendoza y provocó revuelo en el Ministerio de Seguridad. Después de 7 años, se aprobó un nuevo protocolo actualizado para enfrentar casos de violencia dentro de la Policía y Penitenciaría de la Provincia.
El caso Ontiveros conmocionó a todo Mendoza y provocó revuelo en el Ministerio de Seguridad. Después de 7 años, se aprobó un nuevo protocolo actualizado para enfrentar casos de violencia dentro de la Policía y Penitenciaría de la Provincia.
Es el Observatorio el que también destaca en sus informes la preocupación por los casos en que personal de las fuerzas de seguridad ejerce violencia contras las mujeres usando sus armas reglamentarias.
En muchos casos, familiares y allegados de las víctimas han hecho mención de que hubo situaciones previas, e incluso que las mujeres las denunciaron. Dicen en el Ministerio que esos casos son los que "vislumbran la dificultad de pedir ayuda y realizar una denuncia contra una persona que pertenece a la institución".
Pero también aborda el nuevo protocolo situaciones de maltrato laboral. "Las instituciones policiales están hoy aún atravesadas por una fuerte desigualdad de género. Y esto no solo afecta la carrera policial sino también que se traduce en situaciones de maltrato laboral", explica.
De ahí que se hizo necesario actualizar la manera de abordar distintas situaciones de violencia en el general que involucran al personal policial y penitenciario de Mendoza, más allá de la violencia de género.
Cómo debe actuar el personal policial y penitenciario ante casos de violencia en la institución
El Protocolo para la Prevención y Abordaje de las Violencias en Personal Policial y Penitenciario aprobado el mes pasado por Raúl Levrino incluye seis anexos con obligaciones, indicaciones, procedimientos. La idea es que ante cada caso se trabaje en equipo, en red y se articulen recursos.
En los anexos hay parámetros específicos que los funcionarios deberán atender vinculados a la toma de conocimiento, al trato a la víctima, las cualidades del agresor, las medidas para la protección psicológica y física y la prevención de hechos futuros.
Y se basan en cuatro principios: emergencia, accesibilidad y respeto, integrabilidad, utilidad procesal.
"El personal de fuerzas de seguridad no esta exento de de las formas de violencia de género que tienen lugar en el ámbito privado. Pero cuando la violencia sobre la mujer se ejerce en ese ámbito, tiene no solo que enfrentarse al varón que la somete sino también a la estructura misma", dicen.
Esas trabas son las que, por un lado, se busca eliminar.
En los anexos se establece que "cualquier funcionario policial o penitenciario, administrativo o civil que se desempeñe en el Ministerio de Seguridad o que sea responsable de algún área en la que trabaje personal policial o penitenciario y que tomare conocimiento o presenciara situaciones que involucren a personal de las fuerzas de seguridad deberá evitar:
- hacer comentarios revictimizantes.
- desalentar la búsqueda de contención, de hacer la denuncia, de pedir medidas de protección
- descrédito de quien expone o denuncia el hecho
- interpelar o hacer una lectura juzgando anticipadamente
- divulgar información sobre el hecho.
Se apunta muchísimo, en cada uno de los anexos, a evitar la revictimización y a no modificar la situación económica de la víctima con las medidas que se puedan llegar a tomar.
El asesoramiento estará a cargo de diferentes organismos como el Programa de Protección Integral al Policía; la Unidad de mujeres y disidencias, en casos de violencia de género; o la Defensoría del personal penitenciario, para otros casos.
Se marca también que el personal de la IGS, de la Junta de disciplina, de Asuntos internos deberán capacitarse en violencia de género y estratégicas de abordaje, además de estar actualizados en jurisprudencia y carga probatoria de todo tipo de violencias.
Las situaciones que se abordan pueden tener un policía como víctima y un potencial victimario ajeno; o que la situación se al revés: que el policía sea el victimario y su víctima de afuera de las Fuerzas; o que ambos, víctima y victimario sean policías.
Abarca situaciones de violencia de género pero también otros tipos como intrafamiliar, laboral, violencia institucional.
Esta última es la que se da cuando una media una acción u omisión que afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, pcisológica o sexual de una persona o grupo de personas cuando dichos padecimientos son infligidos por cualquier integrante de las Fuerzas de Seguridad.
Todos estos casos también son abordados en casos que involucren a personal penitenciario.
En tanto que también se redactó un anexo especial para abordaje en casos de grave estrés postraumático y situaciones donde el personal policial y penitenciario requiera intervención o tratamiento.
Por ejemplo, casos de estrés postraumático en ejercicio de las funciones con intervención de un efectivo; o fuera del ámbito laboral, cuando un efectivo se vea afectado por duelo, crisis, enfermedades terminales o necesite asistencia psicológica o medie consumo de sustancias.
El caso emblemático de violencia de género por el que la Justicia recomendó diseñar el Protocolo
José Miguel Ontiveros (35), ex policía de Mendoza, fue condenado en marzo de 2016 a la pena de prisión perpetua al haber sido hallado culpable del asesinato de su suegra Gabriela Fernández, de 44 años, y su sobrino, Benjamín Monje, de 8.
El doble crimen lo cometió el 21 de septiembre de 2014 en Guaymallén para vengarse de su ex, Yamila Monje, que había iniciado una nueva relación.
El barrio Solares de San Antonio, en El Bermejo, Guaymallén, fue el escenario del terrible suceso. El policía Ontiveros llegó hasta la vivienda de su suegra, disparó con su arma reglamentaria y dejó dos víctimas fatales.
Sobre Ontiveros pesaba una medida de prohibición de acercamiento a su ex y a sus hijos (2). Sin embargo, alrededor de las 16 de aquel domingo 21 de septiembre, el hombre llegó hasta la casa de su suegra en busca de su expareja. Cuando no la encontró, enloqueció.
Arremetió contra su sobrino, Benjamín, quien se encontraba jugando en la calle con su bicicleta. Le disparó cuatro tiros con su arma reglamentaria.
Tras la balacera contra el niño, salió de la casa Gabriela Fernández, suegra del agresor. Ontiveros le disparó cinco tiros, uno de los cuales dio en el tórax.
Fue el primer caso reconocido como femicidio transversal en la Policía de Mendoza.
En la sentencia se hicieron una serie de recomendaciones a las Fuerzas de Seguridad para que hechos como éste no se repitieran, una de esas fue el diseño del Protocolo.
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