La mitad de los vigiladores privados de Mendoza están precarizados

Más del 50 por ciento de un total de 12.000 trabajadores presentan conflictos por incumplimiento horario y el pago del salario.

En Mendoza, alrededor de 12.000 vigiladores privados desempeñan sus funciones, pero más del 50% enfrenta condiciones laborales precarizadas. Los principales conflictos surgen por el incumplimiento en el pago de salarios y la explotación en las horas trabajadas. Tanto las cámaras del sector como el gremio han elevado denuncias a diversos organismos para abordar estas irregularidades.

El titular de la Cámara Empresaria de Seguridad Integral de Mendoza (CESIM), Pablo Martínez, señaló que, en promedio, 5 de cada 10 trabajadores no reciben los salarios acordados en las paritarias y trabajan más horas de las estipuladas.

Según los últimos acuerdos salariales, la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) estableció que el sueldo básico de un vigilador debería rondar entre $1.000.000 y $1.200.000.

“La pseudo informalidad supera el 50% en toda la provincia. Tras la sanción de la nueva ley, estamos trabajando con el gremio para regularizar la actividad. Actualmente, se están presentando denuncias contra empresas y contratantes que incumplen las normativas”, aseguró Martínez.

Salarios por debajo de lo estipulado

Según CESIM, la hora de trabajo de un agente de seguridad privada debería oscilar entre $13.000 y $15.000. Sin embargo, en la práctica, esto rara vez se cumple. “Existen empresas que pagan apenas $5.000 por hora, lo que genera competencia desleal y perpetúa la informalidad”, denunció Martínez.

La sobrecarga laboral es otro problema denunciado por los vigiladores. Según los acuerdos paritarios, un agente debe trabajar 200 horas mensuales para alcanzar un salario básico cercano a $800.000, más adicionales por presentismo o viáticos.

No obstante, hay empresas que exigen jornadas superiores a las 300 horas sin remunerar lo correspondiente. Ariel Egdechman, delegado de UPSRA en Mendoza, expuso que “hay empresas que abonan $3.000 la hora y con suerte le pagan $450.000 a sus empleados“.

Respecto a la informalidad, el dirigente gremial aseguró que el mayor porcentaje se concentra principalmente en las empresas locales. A su vez, afirmó que las firmas internacionales y nacionales cumplen en mayor medida con las condiciones laborales y los acuerdos salariales.

“Las empresas locales obligan a sus empleados a trabajar más horas y, con suerte, les pagan cerca del básico. Incluso imponen condiciones aún más arbitrarias. A estas firmas ya las hemos denunciado ante los organismos correspondientes”, afirmó Egdechman.

Ante esta compleja situación y a la espera de la reglamentación de la Ley 9578, que regula la actividad en la provincia, tanto CESIM como UPSRA han presentado una serie de denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo, la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Agencia de Recaudación de Cuyo (ARCA).

“Los empresarios mendocinos y la sociedad deben entender que las firmas de seguridad privada no se contratan por su bajo costo, sino por la calidad del servicio que brindan. Respetar las condiciones laborales de sus empleados es fundamental para garantizar un servicio de excelencia”, enfatizó Martínez.

Egdechman añadió que, hasta el momento, ninguna de las empresas denunciadas se ha presentado en la Subsecretaría de Trabajo, lo que ha llevado al gremio a considerar apelar a la “relación solidaria” para involucrar a los contratantes de estos servicios.

Acuerdo con el Ministerio de Salud

Uno de los problemas históricos de los trabajadores de seguridad privada ha sido la prestación de la obra social del sector, OSPSIP. Este año, las cámaras del sector y el Ministerio de Salud lograron un acuerdo para que los agentes puedan recibir atención en hospitales y establecimientos sanitarios públicos, con la contraprestación económica a cargo del ente ReforSal.

“Antes de la desregulación de las obras sociales, los trabajadores estaban obligados a afiliarse a OSPSIP, una obra social marcada por conflictos judiciales e intervenciones. Esto derivó en que el 90% de los empleados buscaran otras opciones”, explicó Martínez.

Egdechman expresó su malestar con OSPSIP, destacando la falta de cobertura médica en la provincia. Sin embargo, valoró la intervención del Ministerio de Salud para garantizar la atención sanitaria de los vigiladores.

“OSPSIP nunca demostró interés en sus afiliados del interior, lo cual se reflejaba cuando un empleado intentaba atenderse en un hospital local. Agradecemos al Ministerio por garantizar esta cobertura médica”, subrayó el delegado gremial.

Con el decreto 70/23 emitido por el gobierno de Javier Milei, se desreguló la afiliación a las obras sociales, permitiendo a los empleados elegir libremente su prestadora de servicios médicos. Esta medida también ha beneficiado a los trabajadores del sector, quienes ahora pueden cambiar de obra social tras tres meses de aportes al sistema obligatorio.

“Gracias a esta desregulación, otras obras sociales han asumido la cobertura de cerca del 90% de los vigiladores. Esto brinda mayor seguridad y opciones a los empleados del rubro”, concluyó Martínez.