En el Penal Colegiado N°1 hay 11 magistrados. La mitad de los casos la “caen” a un garantista, Sebastián Sarmiento. Los jueces y los presos. Imágenes sensibles.
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FUENTE: diario uno - Ricardo Montacuto
Por Ricardo Montacuto La escena resulta espantosa y caótica. En medio de la ropa tirada en el piso de cerámica está el cuerpo desarticulado de Roberto Rolando Pereyra Cruz (36). De profesión delincuente, convicto de asesinato en libertad condicional. Vestido de buzo y jogging oscuro sobre campera blanca y remera azul. Zapatillas, guantes y gorra negros.
Pereyra cargaba un revólver Smith & Wesson de mucho uso y cachas gastadas. Un cal .38 corto con el que mientras se moría de un disparo en el pecho, lograba asesinar al ex policía Héctor Pelayes, de 61 años, 26 años de servicio, retirado años atrás.
Fue un intento de robo. Pereyra y por lo menos un cómplice que escapó llegaron a pie y se metieron a la casa de Pelayes en el carril Godoy Cruz al 10000, Corralitos. Ingresaron por un costado. Eran las nueve y media de la noche del domingo 1 de este mes y había familia: la hija y el nieto de la víctima, un hijo, y un vecinito de menos de diez años. El cómplice de Pereyra redujo a la chica apuntándole su arma a la cabeza y les ordenó a los nenes tirarse al piso. Se metieron bajo una cama. Pereyra se coló a las habitaciones y encañonó al hijo de Pelayes, que estaba estudiando. Desde su habitación, el policía retirado escuchó los gritos y se levantó de un salto. En calzoncillos y remera blanca tomó su pistola 9 mm y enfrentó al delincuente. Dispararon ambos varias veces. Fue un tiroteo a un metro de distancia y cada uno acertó al pecho del otro. El cuerpo de Pelayes quedó a centímetros del de Pereyra. El cómplice escapó corriendo en la oscuridad de la noche -y de la zona- cuando escuchó los disparos. La hija de Pelayes ingresó a la habitación de la tragedia, le quitó el arma al delincuente muerto y la dejó sobre una mesa. Cubrió a su padre de la cintura para abajo con una toalla verde y gastada. Aún conmocionada y aturdida por los disparos llamó al 911.
En apenas horas, supimos que Roberto Pereyra tenía que estar preso hasta julio de 2027. Pero “el sistema” falló. Una mezcla de indolencia, acomodos y mandatos ideológicos abolicionistas había dejado a un asesino peligroso en la calle. Y el asesino volvió a matar. La hija de Pelayes, el policía asesinado, le contó a la fiscal de homicidios Claudia Ríos, más tarde, que su padre siempre decía que "nadie le va a ser daño jamás a mi familia". El empeño le costó la vida.
El crimen de Pelayes desató una dura polémica pública. ¿Por qué le dieron la libertad condicional a un delincuente que podía matar? El que tomó la decisión fue el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento. Lo hizo el 23 de abril de 2023. Una línea de tiempo que empezó en diciembre de 2022 cuando Roberto Pereyra pidió el inicio de sus trámites de libertad condicional. Ya había accedido a salidas transitorias merced a su comportamiento “ejemplar”, tal la calificación que consta en su expediente. Había caído preso el 29 de enero de 2016 por el asesinato de un hombre llamado Cristian Verdugo, también en un robo en Vistalba, el 16 de enero de ese año. En 2018 lo condenaron a sólo once años y medio de prisión. Debieron haberle dado perpetua, pero en el camino le aliviaron la calificación del homicidio.
Ahora, es la fiscal Ríos la que está ocupada casi a tiempo completo de encontrar y detener al cómplice de Pereyra.
El juez Sarmiento dio sus explicaciones en una entrevista en el programa Primeras Voces, con el periodista Andrés Gabrielli. Aseguró que el preso cumplía todos los parámetros para ser liberado. El gobernador Alfredo Cornejo dijo que la libertad condicional del delincuente y asesino Roberto Pereyra había sido un error y cruzó duro al juez. Lo acusó de incumplir la ley. El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, aseguró que la decisión del magistrado fue “imperdonable”.
Petri fue el autor de una ley que lleva su nombre y que modificó el régimen de ejecución penal del país, limitando la libertad condicional a los condenados por delitos graves. La ley es de 2017 y prohibió el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a personas condenadas por determinados delitos. El antecedente mendocino es también autoría de Petri. Esa ley local que intenta dejar presos a los más peligrosos hasta que agoten sus condenas, se creó y sancionó después del asesinato del joven estudiante y deportista Matías Quiroga, el 9 de marzo de ese año. Doce años después, Osvaldo “Oso” Quiroga, papá de Matías, sueña con que el asesino de su hijo Omar “Tanga” Gómez salga de la cárcel, y cobrársela. Gómez está condenado a perpetua y no debería salir antes del 2049, y eso si accede a la libertad condicional. Cuando mató a Matías, el “Tanga” gozaba de un régimen de semilibertad.
Sarmiento no sólo le dio la libertad condicional a Pereyra pese a dos informes negativos del Organismo Técnico Criminológico -incluyendo el de la psicóloga Elena Vergara que desaconsejó darle el beneficio- sino que declaró inconstitucional artículos de la Ley Petri, y las modificaciones que esa ley produjo en el Código Penal de la Nación. La decisión del juez Sarmiento fue abolicionista. Hay un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que convalidó hace muy poco esta legislación restrictiva de las libertades anticipadas en un caso de narcotráfico.
En el Gobierno de Mendoza querrían que un plenario de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia dirima de una vez la validez constitucional de la Ley Petri. Para que ningún juez mendocino vuelva a darle la libertad condicional a presos de delitos graves.
Las causas que le tocan al juez Sebastián Sarmiento
Es la segunda vez que el juez Sarmiento le da el beneficio de la libertad a un preso que luego mata. El 15 de septiembre de 2017 le dio la Libertad Condicional a un delincuente convicto llamado Cristian Reina Flores, que en 2019 mató junto a dos cómplices al comerciante maipucino Héctor Quiroga. A Reina Flores lo condenaron a perpetua en 2020. Pero el daño que produjo, como toda muerte, es irreparable. También esa vez el juez Sarmiento dio sus excusas y explicaciones.
Pero no alcanzan, señor juez, porque desoyó fallos de tribunales superiores y dictámenes técnicos. Aunque hay que decir que en el caso que nos ocupa, el crimen de Pelayes, Sarmiento valoró opiniones favorables a la libertad del asesino Roberto Pereyra. Eran dictámenes positivos tanto del Consejo Correccional, como del alcalde penitenciario a cargo de la dirección del penal de Gustavo André, Germán Millán.
Los juzgados penales colegiados
El sistema de ejecución penal de Mendoza, es decir, todas las decisiones judiciales que se toman en el marco de una condena (distintos grados de libertad, un hábeas corpus, salidas transitorias, entre otros) deben ser asumidas por los juzgados penales colegiados que están integrados por los actuales jueces de garantías, y los dos antiguos jueces de Ejecución Penal.
El juez Sebastián Sarmiento es parte de uno de los dos juzgados penales colegiados de la Primera Circunscripción Judicial, junto a una decena de jueces más. Es el Juzgado Penal Colegiado 1, y lo integran el propio Sarmiento, las juezas y jueces Natacha Cabeza, Juan Manuel Pina González, Marina Alejandra Martín, Fernando Martínez Susso, María José Cerdera, Dolores Ramón, Eleonora Arenas, Alejandra Mauricio, María Cristina Pietrasanta, y Mariana Romeo. Todos estos magistrados (algunos de ellos conocidos y relacionados a causas resonantes), son los que deben intervenir como jueces de garantías o de ejecución penal. ¿Cómo se decide esto? La ley 9.040 de tribunales colegiados es muy clara: “Los Jueces de cada Colegio se subrogarán o reemplazarán en forma automática y sin ninguna formalidad, conforme la metodología de subrogancia que disponga la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), a través de un sistema informático o por sorteo”.
Aunque la ley indica criterios objetivos de asignación de casos, es interesante la suerte de algunos magistrados. Al juez Sarmiento le cayeron en su escritorio 295 causas de las 604 de ejecución penal vigentes entre enero y agosto en el juzgado penal colegiado que integra, de acuerdo a la información a la que accedió este diario en fuentes tribunalicias. O tiene mucha suerte o algo raro hay. En el Gobierno sospechan que algunos jueces del Colegiado Número 1 se habrían “arreglado” los turnos con Sarmiento, para no ocuparse de las medidas de ejecución penal. “Porque no les gusta, no lo conocen, no quieren ni pisar la cárcel, o porque Sarmiento es el que más sabe del tema” dice una fuente. Otro informe, le da valor a la presunción: “Existió la idea de darle todas estas causas a Sarmiento, pero algunos jueces se opusieron porque eso violaba la ley de los juzgados colegiados penales… entonces lo que se hace, es cambiar el turno con él, y siempre hay un juez penal, como marca la ley…” dice un miembro de la justicia.
Claro, siempre hay juez. El que libera a los delincuentes. Son once magistrados en el Juzgado Penal Colegiado N°1, pero al juez Sarmiento le “tocan” la mitad de las causas. Si no fuera que esto costó una vida, podría concluirse que están de joda. En el Juzgado Penal Colegiado N°2 hay diez magistrados. Pero no ocurre que uno concentre las causas. “Tenemos un sistema objetivo de asignación de casos de ejecución penal” dice una fuente. Todos tienen entre 45 y 70 expedientes de este tipo. Pero Sarmiento ya decidió 295 sobre 604, hasta agosto, en el Juzgado Penal Colegiado Nro 1.
Cada juez del Colegiado N°1 tiene que tomar las causas de ejecución penal un mes y así lo tienen escrito en un excel al que tuvimos acceso. En agosto pasado, por caso, le tocó a Sarmiento. Este mes, la jueza Alejandra Mauricio es la que debe cubrir el turno que se ocupa de los presos. Si es todo tan equitativo… ¿Cómo es que les tocan la mitad de todos los casos sólo a Sebastián Sarmiento? Preguntas que deben responder en la Corte, donde son “los jefes” de todos los jueces, y en la oficina de gestión judicial que gestiona los turnos del tribunal.
En el gobierno local han tomado nota de esta picardía. Muy probablemente el lunes y de modo discreto, haya preguntas en la Suprema Corte para saber qué está pasando y por qué un juez garantista “copa” las causas en las que se deciden beneficios a los presos. Para que se entienda: esto podría significar una violación a la ley 9.040 que reordenó y transformó el sistema penal mendocino.
Todos estos jueces serían coordinados por uno de los ministros de la Suprema Corte, José Valerio. Va a tener que meter mano en el Juzgado Penal Colegiado Número 1. O por lo menos preguntar en la Oficina de Gestión Administrativa Penal (hay una por cada juzgado), qué está pasando.
¿Cuántos presos salen?
A pesar de la ley Petri que restringe las salidas de libertad condicional en delitos graves, son mucho más aquellas peticiones a las que se las da curso, que las que se rechazan.
Entre enero y agosto de este año, los juzgados colegiados de Mendoza les “dieron pista” a 445 presos que pudieron salir en libertad condicional, es decir, habiendo cumplido dos tercios de sus condenas. Y rechazaron 184 pedidos. Menos expedientes hubo de libertad asistida. Aprobaron 164 y rechazaron 94.
El “locutorio” penitenciario
Hay una perlita más del juez Sarmiento, que se va a dilucidar esta semana. En Mendoza está prohibido desde 2008 tener celulares en las cárceles. Durante la pandemia, se habilitaron los celulares y se eliminaron los teléfonos públicos en las penitenciarias. En enero de este año, el juez dictó una resolución que aunque prohíbe los celulares (excepto a presas mujeres, para que se comuniquen con sus hijos), dice que sólo se podrán retirar los móviles de aquellos pabellones en los que se instale un sistema de comunicación alternativo y público, y dio seis meses de plazo para que el gGobierno se ordene y haga la infraestructura necesaria. Fue el Ministerio Público Fiscal el que se opuso y apeló. Este lunes 9 de septiembre habrá una audiencia en la Suprema Corte para dirimir este tema.
Los celulares son -se sabe- la “oficina” de muchos delincuentes que están presos. Son los reos que desde el encierro organizan y ejecutan todo tipo de delitos contra una población indefensa ante la indolencia, inoperatividad y decisiones abolicionistas de algunos jueces.
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