El juez Sebastián Sarmiento decidió que era inconstitucional prohibir la libertad condicional de un preso. La otorgó y ese preso volvió a asesinar. Los debates que nos abre

En el medio, el juez Sebastián Sarmiento decidió que ese homicida–hoy, dos veces homicida- merecía estar libre. Libre antes de tiempo. Cuatro años antes de cumplir su condena original. ¿El resultado? Catastrófico: a un pobre tipo, que no tenía nada que ver, lo asesinaron en su casa, en su pieza y frente a su nieto de nueve años.

Los jueces como Sarmiento y parte de la Justicia en general pecan de ingenuos, creo yo. Son ingenuos porque, para liberar criminales, ponderan fuertemente elementos beneficiosos para éstos, como que el condenado “se porte bien” en la cárcel, como que se lleve bien con los penitenciarios, como que vuelva temprano de sus salidas transitorias, o que estudie, entre otras cosas.

Esos elementos son nada comparado con lo que ese hombre ya hizo y con lo que puede llegar a hacer si se comete un error a la hora de sacarlo de la cárcel. Si se lo libera antes de que esté verdaderamente decidido a no volver a delinquir. Juzgando mal su potencial de hacer daño. Y al parecer fue precisamente lo que ocurrió: Roberto Pereyra ya había matado a una persona. Ya había cometido lo peor que puede cometer un ser humano, que es arrebatar otra vida. Y sin embargo, porque fue “buenito” con sus compañeros, porque se anotó en un taller, porque no se escapó de sus primeros permisos de libertad y por otra sarta de, a mi gusto, nimiedades, se le perdonaron cuatro años de condena.

¿De verdad? ¿Tiene sentido en términos de tiempo? ¿Que más de un tercio de los años que tiene que estar en la cárcel un ser horrible, capaz de matar a otra persona, sea comparable, sea canjeable, con simplemente hacer buena letra una vez que ya se está preso? ¿En qué cabeza cabe? Si así funciona el mecanismo, eso quiere decir que estamos totalmente indefensos.

Quiere decir que somos el experimento de un sistema bobo, laxo. Avalado, ente otros, por jueces como Sarmiento; un sistema que está dispuesto a timbear con nuestras vidas. Que dice: “Bueno, yo lo libero a este tipo, ojalá que se haya resocializado. Ojalá. ¡Mirá, sacó Matemática de Cuarto Año!, qué capo. Por las dudas de que ya se haya vuelto bueno, le voy a recortar cuatro años de la pena. Esperemos que no mate a nadie más”.

Así funciona el mecanismo vigente. Hay que cambiarlo ya. Hay que repensarlo ya.

En el medio de este proceso, el juez Sarmiento, además, desestimó el informe psicológico que le dio el Organismo Técnico especializado. Ahí decía claramente que Roberto Pereyra, que salió y mató, no tenía que estar libre. Que no debía ser puesto en la calle porque tenía factores de riesgo criminal, porque no percibía que era un violento y porque no sentía la emoción que debía sentir frente al delito y a sus víctimas.

El juez descree de la calidad del trabajo de estos psicólogos. Insinúa que son dictámenes hechos en serie, como en una fábrica de chorizos. Dijo que el 97% de esos dictámenes salen negativos, piden la no liberación, pero que después, contrariamente, la tasa de reincidencia es menor al 20%. Prefirió entonces ponderar, por encima de ese dictamen psicológico, otros indicios. Justamente los que marcaban que este hombre estaba listo para volver a caminar entre nosotros.

Y fue una mala lectura. Lo que tenía razón era aquello que él desestimó. Y lo que estaba equivocado era aquello en lo que él decidió creer. Y dicho así suena simple, como un evento desafortunado. Sin embargo, pequeño detalle: esa decisión terminó con un hombre asesinado.

Hay una verdad y es que Sarmiento no infringió la ley. No nos consta que lo haya hecho. No incumplió en nada sus deberes de magistrado. Él tiene la potestad de tomar una decisión, incluyendo la de definir sobre la inconstitucionalidad de una norma, y es exactamente lo que hizo. Es más: muy probablemente lo hizo creyendo que estaba tomando la mejor decisión. La más justa.

También es cierto que no podemos centrar la agenda pública de la provincia en si un juez se equivocó o no con una liberación, cuando Mendoza tiene graves problemas de inseguridad y graves problemas de narcotráfico.

Sin embargo, es llamativo que este letrado no vea en absoluto una equivocación en su accionar y, por el contrario, sí señale errores únicamente en los demás.

Afirma que las resoluciones son muy poco apeladas. Que el mecanismo “se ha distendido” y que también debe ser controlado. Dice que los dictámenes psicológicos se equivocan, porque el 97% sale negativo, cuando sólo dos de cada 10 liberados reinciden; dice que no hay ningún equipo que asesore a los jueces a nivel criminológico, cuando otras provincias sí tienen esos cuerpos de asesores; dice que no hay un acompañamiento adecuado para el control del liberado, porque nadie va y controla en los domicilios, por ejemplo; dice que falta gente que complemente la evaluación de estos informes y que es hora de que la Justicia de Mendoza haga ese salto.

Él no percibe errores en su decisión y sí los ve en otras cinco áreas del sistema.

Insisto. Procedimentalmente no se equivocó Sarmiento. Lo que hizo lo puede hacer un juez. Y tal vez ese sea el problema o, al menos, tal vez esa sea la verdadera discusión que haya que dar.

¿Cuánto debe quedar al arbitrio del magistrado? ¿Cuánto se puede desestimar un informe de especialistas en psicología que entrevistaron al asesino y que te dicen que no debe ser liberado? ¿Apela el Ministerio Público todo lo que debería apelar estas decisiones? ¿Faltan cuerpos de asesores, como pide Sarmiento? ¿Cuánto debe pesar, para su liberación, que un preso sea “bueno” con los guardiacárceles y que estudie o que nos diga que estudia? ¿Pueden valer esas conductas, fáciles de cumplir, además, más de un tercio de la condena por un asesinato agravado, como ocurrió en este caso? ¿No es absolutamente excesiva esa concesión? ¿No nos pone en demasiado peligro a los mendocinos de bien? ¿No nos pone a los homicidas demasiado rápido en la calle?

Es una lástima que no podamos participar de estas preguntas a Héctor Pelayes.

Porque el domingo pasado, un asesino, beneficiado por la extrema falibilidad de este sistema, se descolgó por su medianera, entró a su casa y lo mató.