Libertad de expresión: Es improcedente la cesantía del agente que invitó a docentes a aplicar la ESI con anti-perspectiva de género

Partes: J. J. M. c/ Consejo Provincial de Educación de Neuquén s/ Acción de amparo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Fecha: 1-dic-2021

Cita: MJ-JU-M-135693-AR | MJJ135693 | MJJ135693

Se revoca la sanción de cesantía del agente que, en sus redes sociales y sin ninguna sanción previa, invitó a los docentes a aplicar la ESI con anti-perspectiva de género.

Sumario:

1.-De lo expuesto en la propia resolución sancionatoria, se advierte entonces que la conducta desplegada por el amparista al frente de la institución escolar ha sido ajustada a derecho y en modo alguno encuadra en los incumplimientos de sus deberes tal como emerge de la imputación, al punto tal que no se ha acreditado que hubiera sido pasible de sanciones de ninguna índole; el único hecho en función del cual se le reprochan todos los incumplimientos, radica en las publicaciones que realizó en la red social Facebook, dirigidas a docentes cristianos para que enseñen Educación Sexual Integral con antiperspectiva de género, publicaciones que el sumariado reconoció haber publicado, pero que son emisiones de otras personas que publican en su Facebook.

2.-El accionante se ha limitado a exponer en las redes sociales sus ideas, hechos y opiniones, las que más allá de que puedan ser compartidas o no, o resulten críticas de normativa vigente, no llegan a configurar los hechos o faltas que le han sido imputadas como causales de su cesantía; máxime cuando, en el ejercicio de su labor jamás llevó a la práctica sus creencias, opiniones e ideas, pese a ser todas ellas contrarias a la normativa vigente, denotando que ha sabido respetar y cumplir con normas y políticas educativas con las cuales se encontraba en desacuerdo.

3.-Dado que el carácter actual e inminente de la lesión está dado por la sanción de cesantía que le fuera impuesta, lo cual lo ha privado al accionante de su fuente laboral y sus consecuentes ingresos, la cuestión a decidir radica en analizar si los actos administrativos atacados resultan ilegales o manifiestamente arbitrarios.