Hace más de un año que Silvia Gulino fue condenada en una causa que desbarató una banda que hacía facturas truchas para evadir casi $300 millones a la AFIP.
La contadora de 56 años está alojada en un penal de Cacheuta y solicitó la prisión domiciliaria ante el avance de la variante de coronavirus Ómicron, pero la Justicia le negó el beneficio.
Tras recibir una pena de 6 años como jefa de una asociación ilícita fiscal y pasar varios meses en el Complejo Penitenciario federal VI, la mujer intentó alivianar su situación. En concreto, elevó un escrito solicitando continuar cumpliendo la pena en su domicilio argumentando que es grupo de riesgo ante el Covid-19 -tiene una cirugía bariátrica y es hipertensa- y que "el estado de la pandemia se ha agravado" ante el aumento de casos por la nueva variante. Por otro lado, su abogado alegó que "se encuentra próxima" a obtener una libertad condicional.
Un informe del establecimiento carcelario confirmó las patologías que padece Gulino pero al mismo tiempo detalló que en toda la cárcel hay solamente 6 presos con coronavirus que están aislados y, de hecho, en el módulo 4 donde esta alojada la contadora no hay ningún registro.
Los camaristas Gretel Diamante, Julio Naciff y Héctor Cortes rechazaron el pedido de la mujer ya que "no se registra una situación generalizada de propagación del virus que causa la enfermada señalada". De esta forma, Silvia Gulino continuará alojada en el penal mientras sigue purgando la condena.
La investigación
La investigación comenzó en los primeros días de 2018, cuando se realizó una fiscalización de rutina en el Gimnasio Municipal 1 de Ciudad. Los agentes de AFIP notaron que uno de sus proveedores había facturado electrónicamente 35 millones de pesos, un monto irrisorio para la actividad.
Al enterarse de la situación, esta persona radicó una denuncia el 31 de enero de ese año asegurando que había cambiado de contadora por recomendación de un conocido del ambiente del rugby y que la profesional operaba con su clave fiscal, la cual él ni siquiera sabía. Así fueron identificando a los distintos integrantes de la banda.
La operatoria era contactar a personas y empresas para realizar facturas truchas en busca de obtener crédito fiscal con el que luego obtenían descuentos en el pago de IVA e impuesto a las Ganancias. A cambio, pagaban el 35% de los facturado a los “colaboradores”.
La investigación probó que desde 2012 hasta febrero de 2018 –fecha en que se realizaron los allanamientos contra la banda- lograron facturar $276 millones de pesos. Las pruebas vitales en la causa, además de las documentaciones físicas y electrónicas de AFIP, son varios mails que intercambiaban los procesados.
Además de Silvia Gulino fueron condenados a 4 años de prisión el martillero Daniel Agustín Cacciavillani (57) y los contadores Armando Antonio Morón (58), Carlos Armando Aguirre (46) y Sandra Marisa Maldonado (53); y a 3 años y medio los empleados Florencia Inés Morichetti (25), Romina Molina Gulino (24) y Walter Daniel Lobos (51).
DIARIO LOS ANDES
Condenaron a una ex funcionaria de la STM y a un ex legislador por la causa de estafa con facturas truchas
Sandra Marisa Maldonado fue sentenciada a 3 años y 10 meses mientras que su pareja, el exlegislador del PD Armando Morón, a 4 años. Además la jefa de la organización recibió 6 años de prisión.
Siguiendo el pedido de la fiscalía, la Justicia Federal condenó a los integrantes de la banda de facturas apócrifas. La contadora Silvia Gulino Ríos (55) recibió una condena de 6 años de prisión por ser la jefa y organizadora. El resto fueron considerados miembros de la asociación ilícita fiscal. El martillero público Daniel Cacciavillani (53) y los contadores públicos Armando Morón (57) -ex legisladores del PD- y Carlos Aguirre recibieron 4 años de prisión.
En tanto, la exfuncionaria de la STM, Sandra Marisa Maldonado fue condenada a 3 años y 10 meses. Por su parte, Walter Lobos, Florencia Morichetti y Romina Molina (hija de Silvia Gulino) recibieron condenas de 3 años y 6 meses cada uno porque la Justicia determinó que cumplieron roles secundarios en las maniobras detectadas. Además, como son delitos con ánimo de lucro a todos se les impusieron multas desde 90 mil pesos.
El caso
En la causa se juzgó a la banda liderada por Gulino Ríos por emitir facturas apócrifas para generar a sus clientes créditos fiscales ficticios y disminuir así el pago por IVA y Ganancias, ocasionando al Estado una pérdida de $160 millones.
El nombre de Morón se había llevado todas las miradas por su vínculo con la política, ya que fue legislador del PD y hasta intentó alguna vez ser candidato a gobernador. Hace unos años que se dedica a la actividad privada. Su figura entre los enjuiciados opacó a la de su pareja Marisa Maldonado, quien asumió como síndico en la STM en lugar de Guillermo Mosso, quien le dejó el cargo a otra persona del partido a fines del año pasado para ocupar una banca como diputado provincial. Ante la presión mediática, el 26 de noviembre Maldonado renunció.
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