Tiene 79 años y casi 34 años en la Corte. Si sigue en el cargo debe hacer un nuevo trámite. Hoy, su presencia en un alto tribunal tan politizado garantiza la mayoría radical
El radical Pedro Llorente, histórico juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, fue intimado por ANSES a renunciar en 30 días al cargo al que accedió en 1987 porque ya le otorgaron el beneficio jubilatorio que él mismo tramitó años atrás.
Pero si el sanrafaelino de 79 años decide continuar en funciones, desde el organismo previsional le advirtieron que perderá el beneficio jubilatorio y deberá iniciarlo nuevamente pero con condiciones menos favorables para su bolsillo, de acuerdo a la reforma jubilatoria impulsada desde la Nación.
Otros dos magistrados de la cúpula del Poder Judicial de Mendoza que iniciaron la gestión para retirarse son José Valerio, ministro de la Suprema Corte, y Alejandro Gullé, procurador del máximo tribunal. Ambos confirmaron a Diario UNO que no han sido notificados por ANSES de que perderían el beneficio jubilatorio si no dejan los cargos. Un dato importante para echar luz sobre el impacto de esta información, que comenzó a circular este jueves mientras en los tribunales provinciales se desarrollaba la reunión semanal de ministros de la Corte: la intimación de ANSES recibida por Llorente, al igual que gran cantidad de jueces de todo el país, está vinculada con la pérdida de la jubilación y no con la obligación de dejar el cargo porque los jueces argentinos no están obligados a renunciar salvo que lo decida un juicio político.
Tampoco están obligados a jubilarse a los 60 o 65 años como los ciudadanos de a pie porque el cargo de juez es inamovible (salvo destitución). Dicho en lenguaje sencillo: los jueces se jubilan cuando quieren ya que no hay edad cronológica tope ni cantidad de años trabajados que los obliguen a irse. ¿Qué hará Llorente ahora? Solo él lo sabe. Pero en junio de 2020 dio un anticipo a Diario UNO. Eran tiempos convulsionados en la Corte por la abrupta renuncia de Jorge Nanclares y el sanrafaelino quedó como el único sobreviviente de la primera Corte posterior regreso a la democracia. Quienes crean que Llorente podría dejar el cargo para asegurarse una jubilación mejor acaso estén perdiendo de vista que es uno de los supremos mejores pagados de Mendoza y que su sueldo supera el medio millón de pesos. Con todo, la nueva ley jubilatoria prácticamente no afectaría sus ingresos porque él viene estando en el mismo escalafón hace casi 34 años, lo que lo pone a salvo del hachazo impulsado por la Nación. Únicamente cuestiones políticas movilizarían a Llorente a irse de la Corte o a continuar en funciones. Hoy, su presencia garantiza la mayoría radical en el máximo tribunal a la hora de votar causas políticamente sensibles en una Corte altamente politizada. Es decir, hoy, para el oficialismo mendocino, Llorente es agua en el desierto.
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