En Mendoza, la normativa que moderniza los estándares de edificación, prioriza la sostenibilidad y agiliza los trámites burocráticos entra en su etapa final.
Mendoza ha dado un paso decisivo hacia la modernización de su desarrollo urbano. En un encuentro estratégico en Casa de Gobierno, los equipos técnicos de los 18 municipios, junto a la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, validaron el texto final del nuevo Código de Construcción Unificado.
Este documento, que busca poner fin a décadas de dispersión normativa, entrará ahora en una fase de revisión jurídica antes de ser remitido formalmente a la Legislatura Provincial para su debate y posterior sanción.
La iniciativa no es menor: por primera vez, la provincia contará con un marco regulatorio integral que elimina las disparidades de criterios que existían al cruzar la calle de un departamento a otro. Hasta hoy, los requisitos de habitabilidad, seguridad y procesos administrativos variaban según la jurisdicción, lo que a menudo generaba confusión en los profesionales del sector y demoras innecesarias para los inversores.
Mendoza: un salto hacia la sostenibilidad y el consenso
Uno de los puntos más disruptivos de la nueva norma es la incorporación de criterios de vanguardia en materia ambiental. En un contexto de crisis hídrica permanente, el código establece lineamientos para el aprovechamiento de aguas grises y estándares de eficiencia energética, transformando la construcción en una herramienta activa de mitigación climática.
El proceso de elaboración se destacó por su carácter federal y científico. No solo participaron los directores de planificación de todas las comunas, sino que el texto integra investigaciones académicas de la UNCUYO y el CONICET, además de aportes técnicos de organismos como AYSAM, el EPRES y el Ministerio de Justicia y Seguridad. Este consenso garantiza que la norma tenga una legitimidad territorial sólida, habiendo superado rondas de validación en los oasis Este, Sur y el Valle de Uco.
Construcción: equilibrio entre agilidad y seguridad
Desde el Ejecutivo provincial, el director de Planificación Territorial, Matías Dalla Torre, subrayó que el espíritu de la norma es el equilibrio. "El objetivo es facilitar los procesos y desburocratizar trámites, pero garantizando estrictamente el resguardo de la seguridad pública de todos los mendocinos", señaló. La intención es que el código funcione como una plataforma que simplifique la vida al ciudadano y al desarrollador sin resignar los controles técnicos que una provincia sísmica como Mendoza exige.
Por su parte, la subsecretaria Marité Badui destacó que este avance posiciona a la provincia de manera distintiva en el escenario nacional. Según la funcionaria, el desafío ahora es que el sector privado se apropie de esta herramienta, comprendiendo que un código unificado es, en última instancia, un motor de progreso económico y una garantía de previsibilidad para quienes deciden invertir en el suelo mendocino.
Con el aval técnico ya en el bolsillo, la mirada se traslada ahora al ámbito legislativo, donde se espera que el proyecto encuentre un camino fluido dada la base de consenso construida con intendentes de todos los signos políticos durante los últimos 24 meses.
