En defensa de los derechos de niños y adolescentes, se manifestaron frente al juzgado de Las Heras

Distintas agrupaciones que velan por los más pequeños reclamaron que la Justicia sea considera un servicio esencial. Aseguran que no se cumplen los protocolos correspondientes ante denuncias por maltrato o violencia.

Distintos organismos, que velan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, se manifestaron este miércoles frente al juzgado de Las Heras. Entre la lista de reclamos que vienen realizando, está que la Justicia sea considerada un servicio esencial y que los organismos del Estado respeten y cumplan los protocolos que deben activarse ante situaciones de violencia, abuso y/o maltrato hacía los menores.

Quien dialogó con Memo para contar en detalle la compleja realidad que ven en el fuero de la justicia de Familia, principalmente, fue Viviana Gómez. Ella es una de las referentes de la Agrupación Justicia por los Niños, Niñas y Adolescentes con Obstrucción de Vínculo y además, según explicó, se ha visto afectada en una situación personal por el mal funcionamiento de todo el sistema.

"No queremos que quienes trabajan en los juzgados, ETI (Equipos técnicos interdisciplinarios, ex OAL de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia), comisarías, fiscalías, se vayan tranquilos a sus casas en estas fiestas. Que vayan a la feria judicial sabiendo que hay maltrato y vulneración de derechos de la infancia. Sobre todo en el ámbito intrafamiliar", recalcó Gómez, agregando que son tres agrupaciones a las que también se han unido los abogados independientes.

La mujer, que es médica de familia, aseguró que el enfoque que tienen es desde la salud. Además, hizo mención a la ley provincial 9.139, de 2018, que estableció un Régimen Jurídico de Protección de las Personas Menores de Edad. 

"Es una normativa que determina que hay una corresponsabilidad entre los organismos del Estado ante una denuncia. Por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar empiezan a patearse la pelota entre el ETI, el juzgado y termina costando la vida de un chico. Con esta ley ya no puede pasar eso porque hay un protocolo a seguir", se explayó la doctora.

Ante una denuncia, que puede hacerse a través de un ETI, de una fiscalía, de un juzgado o del 911, los distintos órganos del Estado tienen la facultad para tomar medidas de protección o de excepción. Esto es, según si un progenitor denuncia al otro o si ambos progenitores deben ser separados de sus hijos.

"Son medidas que tienen un tiempo para investigar si lo que se dice es verdad o no. Pero vemos que se vulnera ese tiempo, ya sea por falta de recursos o por lo que sea, eso permite al obstructor contarle otra historia al niño y convencerlo de que cambie el relato. Los condicionan, no se los escucha como corresponde ni en el momento que ocurre el hecho. Reclamamos que se capacite al personal, vemos fallas en pericias también. Hay muchas falencias", afirmó Gómez.

Su caso personal

Además de pertenecer a la mencionada agrupación, Gómez vivió en carne propia lo que relata. "Yo fui denunciada por el papá de mis hijos porque supuestamente ejercía violencia sobre los niños pero eso nunca se corroboró. No hubo pericias. Yo apelé y en el expediente se habían pedido pericias que no ocurrieron. Mis hijos recién fueron oídos al año de estar separados de mí y viviendo en un ambiente obstructor y ya ahí no querían estar conmigo. Hoy sólo tengo contacto con mi hijo mayor, los dos menores no los puedo ver hace cinco años", relató la madre.