El conflicto judicial sigue siendo una bomba de tiempo sin desactivar

Los jueces se desentendieron del amparo presentado por los ayudantes fiscales por la sobrecarga laboral. Y los empleados judiciales encontraron una forma de esquivar la conciliación obligatoria para hacer paro.

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El Poder Judicial está atravesado por reclamos laborales que tienen dos vías de expresión. Por un lado, las medidas de fuerza tras el fracaso en la negociación paritaria. Y, por el otro, un amparo presentado por los ayudantes fiscales de toda la provincia debido a las horas que trabajan de más. Un ambiente caldeado.

La cortísima semana hábil de dos días tuvo dos novedades. El primero fue la acción presentada por la Asociación de Funcionarios Judiciales contra tres resoluciones de la Procuración que establecen las condiciones laborales de los ayudantes fiscales.

Ese amparo todavía no fue tratado y su resolución se demora. El gremio estatal decidió no presentar una cautelar, porque entiende -como jugador que participa de ese tablero de relaciones de poder- que ese recurso sería rechazado desde el vamos por los jueces.

Ahora bien, en el sector de los ayudantes fiscales crece la calentura porque ningún magistrado quiso tratar el amparo. Debido a esto, se tuvo que sortear un conjuez.

El reclamo apunta a las resoluciones firmadas por el procurador Alejandro Gullé que establece los horarios laborales en las oficinas fiscales. Las quejas hacen hincapié en la sobrecarga laboral que tiene este rango de empleados, ya que pasan de manera sobrada la cantidad que dictamina la ley.

A los ayudantes les pagan el ítem Código Procesal Penal por las dos horas más, pero es inferior a lo que deberían pagarles en concepto de horas extras. Además, ya presentaron las planillas con los horarios cumplidos, donde queda en evidencia la infracción en el Poder Judicial.

La cuestión es cómo la Procuración y la Suprema Corte justificarán la irregularidad de ese plus salarial.

En tanto, el enojo también es fogoneado por algunas situaciones que se observan en el manejo de la Procuración. Es que mientras ocurre todo el conflicto judicial, la coordinadora Andrea Chávez se tomó licencia. No estaba del todo desconectada, porque Chávez siguió dando órdenes por vía remota, desde fuera de la provincia.

La artimaña para volver al paro

En tanto, los Empleados Judiciales volverán a las medidas de fuerza desde este lunes, todavía bajo el paraguas de la conciliación obligatoria.

Esto, porque encontraron una artimaña para realizar un “paro” encubierto. Se plegaron a un reclamo del gremio nacional – Federación Judicial de Argentina-, por lo que paralizarán el servicio de justicia por lo que dure esa asamblea que tiene por objeto pedir por un nuevo contrato de trabajo.

A priori, la semana anterior ya habían adelantado que no se presentarán a las nuevas audiencias en la Subsecretaría de Trabajo, luego de haber desestimado la última oferta salarial acercada por la Corte.

En tanto, no se sabe todavía si el máximo tribunal apelará a la extensión de la conciliación obligatoria por diez días más. Esto llevaría a que el conflicto se traslade a agosto, cuando los tribunales vuelvan a la tarea tras la feria judicial de julio.