Hay iphones que deben estar ardiendo; acalorando y quemándoles las manos a sus dueños como una brasa. Si no, ¿cómo se explica que los estén reventando en Facebook a menos de 120 mil pesos, cuando no es ni la mitad de lo que valen en el mercado? Es eso o poseen algún defecto grave; o quienes los ofrecen no tienen idea de cuánto cuestan. O, una posibilidad más: son robados. El martes, el Gobierno logró aprobar una ley que buscará desbaratar a quienes hacen negocios con los bienes de la delincuencia en Mendoza.
No es un asunto de una sola pata, sino que tiene al menos tres ejes: un cambio a la legislación, que da más poder a Seguridad para entrar y registrar locales; una nómina que permitirá ordenar esos elementos que se venden y armar un “mapa caliente” del mercado negro y una investigación permanente en redes sociales que pondrá la lupa en qué se ofrece y a cuánto.
Esto último es algo importante, porque a veces en el precio está la pista del posible delito. Lo que se exhibe con un valor demasiado bajo, inmediatamente enciende las alarmas de la policía local, que decodifica en el apuro del vendedor la sombra de algo más. En ocasiones será simplemente que el bien está muy usado o que el dueño sólo quiere deshacerse de él, pero en otras es porque le “quema” y necesita sacárselo de encima. A esos van a buscar ahora con renovada fuerza.
Con apoyo de la oposición, el Senado logró sancionar la ley 9.556. El Registro a la Venta de Bienes Usados. Básicamente, auditará transacciones: en persona o en el mundo digital; pero revisará que todo sea lícito y que pueda demostrarse de dónde se sacó cada cosa. Con eso, no sólo se aplacará buena parte del mercado negro, sino que se podrá establecer cuáles son las zonas más complejas para el comercio de lo usado. Un “mapa de calor” del choreo.
El sistema es público y de libre acceso, o sea que cada mendocino podrá revisarlo y “pegarle una hojeada” al dossier de su vendedor antes de cerrar cualquier acuerdo. Será una lista de todos los lugares que compren y vendan usado. Y respecto a eso, el Ministerio de Seguridad contó a UNO que en la reglamentación de la ley van a ser cuidadosos: no quieren perjudicar al que comercializa antigüedades ni al que arregla cosas viejas y las vende. El objetivo central de la tarea apunta a tres cosas, el CBC, podría decirse: cubiertas, bicicletas y celulares.
El papel de la policía para desbaratar a revendedores de lo robado
Con la nueva ley, el ministerio puede enviar agentes a todos los lugares que estén anotados y hacer un registro. Antes había que esperar a que hubiera una denuncia y pruebas presentadas contra los supuestos delincuentes. De hecho, según consultas al Ejecutivo, tienen sólo un gran antecedente de búnker de revendedores desbaratado en los últimos meses y fue en la Galería Tonsa, en un operativo que demandó bastante tiempo pero que, justamente, tenía denuncias concretas, según explicaron.
La policía quedó empoderada por la nueva ley y ahora podrá entrar a los locales, pedir los registros y analizar que todo esté como debe ser: que coincida lo que tienen declarado como producto a la venta y que puedan demostrar de dónde lo sacaron. En ese punto aparece un concepto interesante: que Seguridad dicen “okey, pero nos pueden mentir. Mostrarnos que venden sólo lo declarado y, por detrás, tener un stock clandestino, un ‘catálogo blue’”.
O más que eso, también pueden no estar ofreciendo determinados bienes, pero igual estar guardándolos o “enfriándolos”, como se dice en la jerga cuando se saca de la calle un elemento recién robado. Por eso es tan importante que la policía vaya y revise y que no se quede sólo con el análisis de los listados.
Cuando lleguen los efectivos lo que harán será pedir toda la documentación respaldatoria e inspeccionar. A eso se suma otro elemento; cada transacción tendrá que estar registrada y tendrá un número, un código de intercambio, en el que van a quedar explicitados los dos: tanto el que vende, como el que se lleva el bien. Es decir, la próxima vez que cualquier mendocino vaya y se lleve un celular usado, va a estar dejando su nombre, apellido y DNI en un registro de la Policía.
Ahí entra el ítem novedoso de “compra sospechosa”. Por ejemplo, cuando se trate de autos o autopartes, cualquier compraventa en un desarmadero -o similar- que no tenga los instrumentos declarados en el RUDAC (Registro Único de Desarmaderos) será sospechosa. Lo mismo para todos los vendedores que funcionen sin habilitar o declarar todo lo que pide la ley o sin poder demostrar un origen lícito de esos bienes: factura original de compra y recibo de ese intercambio, con los datos del elemento consignados ahí.
Y, ¿compra sospechosa? Compulsa del Ministerio Público Fiscal abierta. Toda vez que se presuma, con elementos suficientes, la chance de que exista un delito, habrá causa judicial en marcha.
Sesenta días preso y más de un millón de pesos de multa
La estructura digital del registro todavía no existe, porque la tiene que armar la Dirección de Informática del Gobierno y es muy probable que esperen primero a que esté reglamentada y promulgada la ley; aunque ya están trabajando en cómo será. Cuando esté lista, el comercio necesitará, además de la habilitación municipal, que se le dé el visto bueno desde el sistema.
Toda persona humana que se dedique habitualmente a este negocio de la compra y venta de lo usado tendrá que estar adentro de la lista, con su nombre, su domicilio y la razón social con la cual se maneja. Esto no es un dato menor porque muchos de estos negocios funcionan más bien en los márgenes de lo registrable y van a tener que ordenarse para seguir participando en teoría.
La ley explicitó sus consecuencias; que pueden llegar hasta multas de 1.143.000 pesos (9.000 UF, cuando hasta el momento el máximo era 6.000) o también sesenta días de arresto. Uno de sus apartados modifica el Código Contravencional de la provincia y agrega el artículo 116 bis, que es el que especifica todos estos puntos. A los reincidentes se les clausurará el comercio durante un año.
Además, todos lo que sea recuperado por la Policía tendrá dos destinos posibles: o va a los municipios donde fue rescatado y estos lo subastan más adelante, o directamente queda para el Ministerio de Seguridad.
Se puede asesinar a alguien con una caña de pescar
Mendoza tiene policías que "huelen" lo robado en internet. Con el nuevo registro de lo usado, más la implementación de los agentes encubiertos -que Diario UNO contó en profundidad cuando se implementaron- se han armado verdaderas escuadras de patrullaje digital: lo que hacen es analizar perfiles y revisar ofertas en la red y ahí hacen caer a algunos revendedores de lo robado. Son avances que están dando sus primeros pasos en este 2024, pero que ya mostraron algunos frutos.
Y esos frutos no son sólo detenciones concretas, sino también el desarrollo de un aprendizaje sobre nuevos códigos que rondan en las compraventas ilegales. Una decodificación de cómo se habla y de cómo se logra una transacción en el mundo clandestino. Uno de los hallazgos del Ejecutivo en ese sentido es haber dado con cierta terminología que busca evitar que los atrapen.
Por ejemplo, el término para vender un arma en Marketplace es "caña de pescar". Cuando se ofrece una caña de pescar, es probable que en realidad lo que se esté vendiendo sea un arma de fuego, según han detectado los agentes mendocinos. Desde luego que también se venden cañas reales -por si hiciera falta aclararlo-.
No es el único dato fuerte que han encontrado los policías, y se logra a partir de rastrillajes muy amplios; porque en las redes hay de todo y en grandes cantidades. Marketplace ofrece desde casas hasta autos cero kilómetro, pasando por camisetas de fútbol, libros de autoayuda y vestidos para cumpleaños de 15.
Obviamente que es un lugar casi óptimo par intentar vender lo robado, y algunos lo hacen con demasiada audacia: hace poco encontraron que alguien ofrecía todo un sistema de luminarias en bastante buen estado, pero con un detalle curioso: ¡Decían Municipalidad de Guaymallén! Eso inició una investigación inmediata que terminó con la identificación del vendedor.
De esa manera trabajan los informantes; que en este momento están haciendo una capacitación que lleva meses, bajo la mirada del principal Osvaldo Araujo, el coordinador general que, sobre todo, se abocó a detectar vendedores del cobre robado, una verdadera epidemia para la seguridad en Mendoza. Araujo está bajo las órdenes del director de Investigaciones, José Vega y éste, a su vez, de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Son los responsables, junto a los agentes a su cargo, de estos equipos que bucean en las redes para recuperar al menos una parte de lo robado en la provincia, y que gracias a lo votado en la Legislatura esta semana, ahora tienen algunas herramientas más a su favor.
Fuente, diario uno mendoza
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