Este jueves, el IPV comunicó que intensificó controles en las residencias de adjudicatarios titulares de las casas que entregó el Gobierno en el último tiempo. Allí lograron detectar irregularidades en la ocupación de las casas que se usaban como alquileres temporarios mediante plataformas en línea.
Este tipo de situaciones, o directamente la falta de ocupación de las viviendas, desembocó en la desadjudicación de tres propiedades durante los últimos siete meses de este año, y otras cinco van por el mismo camino, en un complejo de la Ciudad de Mendoza.
En el caso de las viviendas no escrituradas, que son aquellas en las que el titular registral es el IPV, el proceso de desadjudicación se inicia ante situaciones de alta morosidad o uso indebido de la vivienda. Esto puede terminar con el desalojo de la unidad, tal y como informaron desde el Gobierno a MDZ. Sin embargo, en las situaciones con alta morosidad suelen advertir previamente al titular en cuanto a la deuda.
"Hemos detectado uso indebido de la vivienda para uso comercial, no es el fin de las casas del IPV. Para desadjudicar hay varios motivos: mora o mal uso son los principales. Los casos detectados en Eusebio Blanco de Ciudad son tres casos en la actualidad, ya tenemos la resolución de desadjudicación. Después hay una instancia judicial. La Justicia dirá si realmente la decisión es justa", comentó Gustavo Cantero, titular del IPV a MDZ.
En el caso del uso indebido, el proceso es el siguiente: una vez que se denuncia (según el Gobierno esto inició así), se hacen visitas a los lugares en los que se detecta el uso indebido o comercialización de las viviendas. Se notifica a los propietarios, ellos tienen la posibilidad de hacer un descargo y ahí después de tres avisos se abre un proceso interno donde se les notifica a los propietarios sobre los tiempos legales que les da la administración. Una vez que el IPV se asegura el mal uso, saca una resolución para desadjudicar y se publica en el Boletín Oficial. "Tres viviendas han sido ya recurridas, estamos evaluándolo y vamos a tomar una pronta decisión", remarcó Cantero.
Sin embargo, no es un tema corto o simple como se puede leer. Una vez ratificado el uso indebido, está la posibilidad de hacer un recurso de alzada al gobernador (en este caso Cornejo) y una vez que el mandatario dé la razón o no, se abre la vía judicial. "En este caso las pruebas son contundentes, nos están pidiendo premura. Si esto se comprueba, se desadjudica la casa", agregó el funcionario. Una vez que se desadjudica, se busca el listado trabajado con las municipalidades sobre el registro de necesidad habitacional en el que figuran los inscriptos.
En este caso, como se marcó anteriormente, el Gobierno indicó que se supo del uso indebido a través de denuncias. Un ejemplo de esta situación sucedió a principio de este año, cuando vecinos del barrio Eusebio Blanco, en Ciudad, denunciaron que varias unidades no eran ocupadas por sus titulares. El IPV realizó inspecciones en el complejo en varias oportunidades y, al detectar varias irregularidades, notificó a sus ocupantes y llevó los casos para ser analizados con los parámetros legales que establece la normativa. El resultado fue la desadjudicación de tres unidades, en tanto que otras siete continúan siendo investigadas.
Otros casos de viviendas desadjudicadas se dieron en los barrios Fuerza y Progreso y Capilla de Nieve, en Guaymallén; Parque Oeste, en Godoy Cruz, y José Hernández, en San Martín.
Por otra parte, en lo que va de 2024, se cerraron cerca de 200 expedientes, ya que los titulares de las viviendas regularizaron su situación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario