Fueron nombrados luego de la ley que limitaba esta categoría. Entre ellos, el hermano de un actual ministro.
La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales de este lunes se caldeó luego de que se conociera que a pesar de las limitaciones para establecer sueldos equiparados a magistrados en el Poder Judicial, la Suprema Corte en los últimos dos años sacó tres acordadas para otorgar esos privilegios. Y, sobre todo, porque esas normas no aparecen publicadas en el Boletín Oficial.
La noticia ganó espacio en medio de la tensión que existe entre funcionarios y empleados judiciales con la Corte y con el Poder Ejecutivo, por una puja salarial que tuvo a buena parte de la Justicia paralizada durante casi un mes.
En todos los casos se trata de personas que ocupan el rol de relatores, pero que ingresaron por diferentes circunstancias. Una de ellas, rindió y aprobó un concurso para relatora y para una magistratura, pero terminó ocupando un puesto en el máximo tribunal. Los otros dos ingresaron de manera discrecional.
Actualmente no existe un criterio único para la incorporación de los relatores de la Corte. Depende de la Sala y de los ministros del máximo tribunal. Ahí se dividen entre los que prefieren que los postulantes rindan un examen y demuestren sus capacidades; en tanto que hay quienes entienden que los relatores, además de conocimientos, deben ser personas de confianza por el trabajo que desarrollarán.
En junio de 2020, a raíz de las inequidades salariales que se estaban dando en el seno del Poder Judicial, se aprobó una ley para ponerle un límite a los equiparados. El caso paradigmático sigue siendo el de Elizabeth Carbajal, que es secretaria administrativa y tiene uno de los salarios más abultados del sistema judicial mendocino.
“Suprímanse todos los cargos de funcionarios equiparados a magistrados existentes en la planta de personal de las unidades organizativas que conforman el Poder Judicial de la Provincia, con excepción sólo de aquellos que han sido cubiertos o asignados para el desempeño de las categorías incluidas en Planilla Anexa N° 2-A de la Ley N° 4322, y siempre que se hayan estado cumpliendo las funciones jurisdiccionales allí descriptas al 1 de febrero de 2020”, reza la legislación que impulsó el por entonces gobernador Rodolfo Suarez. Es decir que, salvo los casos explícitamente están determinados por ley, no puede haber equiparaciones. Además, se contemplaba que en el plazo de 30 días debía regularizarse la situación de todos los equiparados nombrados de manera irregular según la nueva normativa, y volver “a la situación de revista escalafonaria que tenían en forma previa a dicho nombramiento, cualquiera sea ella”.
Pues nada de esto ocurrió. Y lejos de someterse a la nueva legislación, los equiparados presentaron una medida cautelar para defender lo que entendieron como derechos adquiridos. Y es la Suprema Corte la que aún no define lo que pasará.
Una de las firmantes de esa cautelar fue Eleonora Lamm, que era la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Tiene hecha la “reserva de empleo por cargo de mayor jerarquía”: actualmente es la responsable del sector de ciencias sociales y humanas de UNESCO para América Latina y el Caribe.
Más allá de que su puesto en la justicia mendocina estaba cuestionado, en el máximo tribunal decidieron reemplazarlo. Y fue así que, mediante la Acordada 31072, el 22 de mayo de 2023 fue incorporado Federico Sebastián Montero, hermano del actual ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero.
Unos días antes, a través de la Acordada 31073, se designó en el rol de “abogado auxiliar” a Carlos Hugo González Bellene. Su caso tuvo que ver con una serie de enroques que se dieron entre relatores y un puesto que había quedado vacante. Ese año también se le venció un concurso que había rendido.
El tercer caso en cuestión es el de Natalia De Gaetano. Es la única de los tres que tiene un concurso rendido. Se postuló también para un cargo de jueza Civil, y a pesar de haber aprobado, no llegó a ocupar el despacho que estaba disponible, y quedó en medio de la tirantez y de las disputas en el Consejo de la Magistratura. A través de la Acordada 30560, el 26 de junio de 2022 fue nombrada relatora en la Sala 1 de la Corte
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