La ley de Ética Pública los obliga a presentar sus declaraciones juradas. Qué propiedades y bienes tienen los referentes de los principales gremios estatales.
La aplicación de la ley de Ética Pública (8993) en Mendoza tiene varias trampas y una particularidad. Entre los obstáculos a la transparencia se encuentran la imposibilidad de acceder a las declaraciones juradas antiguas de los funcionarios (lo que complica realizar un seguimiento de su evolución patrimonial), el valor irrisorio de propiedades y vehículos que pueden plasmar en sus informes y la posibilidad de no incluir datos precisos (montos de depósitos bancarios y nombre de las sociedades anónimas de las que forman parte, por ejemplo), que seguramente le evitan más de un dolor de cabeza a las personas alcanzadas por la normativa.
En tanto, una de las características salientes de la ley es que no sólo incluye a funcionarios políticos y judiciales. También están obligados a presentar sus declaraciones “las autoridades de organizaciones sindicales con o sin personería gremial que ostenten la representación de empleados de los Poderes del Estado Provincial y/o Municipal, sus entes descentralizados y demás organismos públicos enumerados en el presente artículo, empresas, sociedades y otros entes del Estado o con participación estatal”, según destaca el artículo 12. También lo deben hacer los sindicalistas “que perciban el pago de su licencia gremial por parte del Estado”.
En el apartado “Gremios y sindicatos” de la página web de la Ofina de Ética Pública están publicadas las declaraciones juradas de 159 representantes. La mayoría presentó la actualización de sus declaraciones juradas entre enero y febrero de este año.
Los casos
Carina Sedano, titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) declaró como propia el 25% de una casa de 300 metros cuadrados, con un avalúo fiscal de 18 millones de pesos; y el 20% de otra propiedad de 450 metros cuadrados, a nombre de su pareja.
Posee el 50% de dos vehículos: una Renault Kangoo adquirida en 2020 y un Fiat Palio comprado en 2016. La secretaria general del gremio docente declaró productos bancarios, tenencia de dinero en efectivo y créditos. A sus ingresos se le suman los de su cónyuge como monotributista.
Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE sólo declaró ser el propietario de una Jeep Renegade modelo 2021. Lo compró 0 KM, con un avalúo fiscal de 2,5 millones de pesos.
El docente asegura contar con productos bancarios y dinero en efectivo.
Roberto Macho y Adriana Iranzo son pareja y cabezas visibles de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Si bien su relación está blanqueada, los sindicalistas evitaron reflejar esa situación sentimental en sus respectivas declaraciones juradas.
Por ejemplo, Macho declaró poseer el 50% de un terreno de 803 metros cuadrados, que cuenta con una superficie construida de 250 metros cuadrados. Lo adquirió en diciembre de 2017, con un avalúo fiscal de 2,5 millones de pesos. El 50% es de Iranzo, de acuerdo con su presentación ante la Oficina de Ética Pública.
El secretario general y la secretaria adjunta de ATE también tienen participación en, al menos, una sociedad anónima: Administradora Elcira.
Macho afirmó que cuenta con productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo. Y entre sus ingresos, destacó a “gastos representativos gremiales”.
El patrimonio declarado por Iranzo es superior, ya que suma el 100% de la titularidad de dos vehículos (un Ford Fiesta comprado en 2007 y un Citroen C4 Cactus adquirido en julio de 2021). Además declaró tener créditos e ingresos independientes como odontóloga y otros “derivados de sistemas previsionales”.
Claudia Iturbe (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud) declaró cuatro bienes inmuebles: dos son propias (cabañas registradas en julio de 1998 y otro inmueble adquirido en enero de 2021) y los dos restantes de su cónyuge (un departamento y otro inmueble comprados en la década del 90).
La médica también formalizó que posee tres vehículos. Un Ford Fiesta y un Nissan Note (50% de la propiedad) y una Ford Ecosport a nombre de su pareja, que es contador público.
César Llanos es el líder del gremio de los empleados Judiciales. En su declaración jurada figura el 50% de un lote de 431 metros cuadrados y el 100% de cuatro vehículos, todos con la misma fecha de adquisición: 22 de junio de 2021. Se trata de un Fiat Uno 2008, un Chevrolet Corsa 2012, una Toyota Hilux 2001 y una moto Suzuki 1994.
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