Lo que está padeciendo Lácteos Vidal con la Justicia a esta altura ya es un escándalo. O debería serlo. Un juez que pretende embargar hasta fundir a una empresa privada pareciera que puede andar sin ninguna salvedad, desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo.
Esta historia empezó hace un año, cuando la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) bloqueó por casi dos meses la planta ubicada en Moctezuma, una localidad del partido de Carlos Casares en la provincia de Buenos Aires, a instancias de la voluntad de la seccional Trenque Lauquen del gremio.
Bloquearon la planta, tomaron parte de la propiedad privada, hicieron asados y festejos durante días y noches, apretaron a compañeros de trabajo, amenazaron a las autoridades de la empresa, complicaron el sustento de trabajadores y tamberos. Eso sí, cuando fueron despedidos con justificación comenzaron a tender artilugios para que la empresa siga complicándose en su tarea.
Fueron 26 personas las que ya no podían seguir trabajando por falta de confianza de sus empleadores. Y tres empleados con fueros sindicales no fueron cesanteados, sino desligados de esos privilegios. Pero estuvo mal el planteo del Sindicato (en la contabilidad de estos casos) y al error la Justicia lo arrastra desde ese momento, incluso argumentando que todos tenían protección sindical.
Hay detalles que no son casuales, pero que se presentan por un motivo claro, que la empresa termine entregándose a la apetencia sindical de reincorporar a todos los despedidos, sin exclusiones.
Días atrás se había determinado el embargo de las cuentas bancarias de Lácteos Vidal por un total de 5.040.000 pesos, a causa de 3,6 millones aplicados por astreintes y 1,44 millones por intereses y costas, pero ya sobre 26 trabajadores correspondientes a 12 días del mes de mayo. Sin embargo el escrito firmado por el juez deja en claro sobre el final que se desestiman todos los recursos interpuestos en la causa.
Esto alude a que el juez de la causa, José Ignacio Ramonet, se niega a aceptar la sustitución del embargo solicitado, ofreciendo la empresa en lugar de las cuentas bancarias un tractor y dos acoplados de su propiedad valuados en unos 70 mil dólares, e incluso se propuso un seguro de caución para aumentar el monto. Pero la intención es hacerse de dinero.
El problema es que un embargo puede complicar el pago de salarios de los empleados reales de la empresa, pero teniendo en cuenta que estas decisiones están en un marco de incidentes, de revertirse en el futuro el reclamo, no se podrían recuperar los fondos.
Ramonet dice que “mal que le pese a la demandada”, la cautelar confirmada por la Cámara indica que “deberá abstenerse de innovar en los contratos de trabajo de los aquí accionantes por el hecho de participar de un medida legítima de acción sindical (huelga), debiendo para el caso en que se hubiese producido alguna desvinculación por ese motivo, proceder a la inmediata reinstalación de los trabajadores afectados bajo apercibimiento de imponer astreintes”. Es decir que la obligación que la demandada insiste en incumplir es, a la vez, una obligación “de hacer” (reincorporar a los trabajadores despedidos) y “de no hacer” (no innovar en los contratos de trabajo de los accionantes), por lo que su cumplimiento –si bien, obviamente, tiene un costo económico que la empresa deberá afrontar como ser (si acaso no pudiera dar trabajo a la vez a los trabajadores “nuevos” y a los “viejos”) la indemnización de los “nuevos trabajadores”.
Insólitamente lo que sugiere para la administración de la empresa el Juez es que se despida a los 25 trabajadores contratados en el último año y se vuelva a tomar a los cesanteados, aunque para la producción de alimentos se deba contar con fuerza laboral confiable. Ramonet castiga a Lácteos Vidal por empezar reclamando por las inasistencias de los trabajadores y justificándose luego en la desconfianza, lo cual es absolutamente lícito, aunque esto le pese a él en su letra.
Prefiere el Juez poner en riesgo los salarios de un centenar de personas, ante la presión que un gremio ejerce por la actividad irregular de un grupo, interfiriendo en la intención de muchos de los involucrados en el conflicto de poder arreglar indemnizaciones por fuera de las liquidaciones ya entregadas.
La gesta prometida no está teniendo los resultados esperados por el sindicato, en los plazos que habían estipulado y a pesar del deterioro en los ingresos de quienes convencieron para tal fin, enceguecidos los dirigentes sólo quieren concretar su intención particular.
Una cosa es la autoridad y otra el autoritarismo, porque el magistrado no comprende que la empresa ejerce su derecho a la libre empresa, que despidió a 26 personas y les entregó sus liquidaciones finales por tener causas de despido antes que llegue la famosa cautelar que desató lo que se entiende como una “enemistad manifiesta” contra la empresa, que se demuestra en los constantes fallos contra los demandados y en la denegación de recursos repetitiva.
Lo que Bichos de Campo pudo corroborar con el abogado de la firma, Eduardo Darriba, es que ahora “se presentará una recusación ante la Cámara y que el Juez se excuse en esta causa”.
Claramente que sin una nueva mirada sobre el caso el camino no conduce más que a la Corte Suprema. Sin embargo, en ese larguísimo trecho se seguirían acumulando miles de millones de pesos en este embargo forzado. Y en este sendero, sería inevitable ver como una sentencia de cierre de una pyme láctea que jamás incumplió con sus compromisos salariales, con sus aportes sindicales, ni con el pago de toda la larga lista de impuestos que afronta cada empresario en el país.
Ramonet tiene en esta causa la más llamativa de su carrera, aunque su anterior notoriedad mediática la había conseguido con un fallo veloz de embargo por 810 millones de pesos al gremio de Camioneros por un pedido del entonces Gobierno, ante el incumplimiento de una conciliación obligatoria de diciembre de 2017.
Esto pareciera que dejó de ser un juicio laboral, en el que uno de los 26 trabajadores ya habría accedido a un arreglo particular, a pesar de seguir atado a una causa penal que está en marcha en el departamento judicial de Trenque Lauquen.
Existe lo que las presentaciones de la empresa denominan como “respeto reverencial” de las decisiones de la Cámara IX, ya sin opinión del Juez a cargo y con toda la influencia de aquella larga lista de 50 abogados de sindicatos que se presentaron como “amicus curiae” para orientar las necesidades de una parte de Atilra.
La pelea es muy intensa, pero no doblega a Alejandra Bada, la dueña de la empresa.
“Si el Juez se mete ahora en mis cuentas de banco desde las que yo pago sueldos y a todos mis proveedores y a la larga yo gano este juicio, le tendré que hacer una denuncia penal a él, porque me van a tener que devolver ese dinero. Yo manejo las cuentas de Lácteos Vidal, que él maneje su sueldo, no que premie a quienes amenazaron a mis empleados, a los que si quisieron seguir trabajando durante los dos meses de bloqueo. Parece que hay obreros de primera y obreros de segunda para el Juez”.
La propuesta de la titular de la empresa es concreta: “Que venga Ramonet a sentarse en mi escritorio, que vea lo difícil que es llevar adelante una industria, lo difícil que es pagar sueldos, impuestos, lo complicado que es conseguir repuestos para las máquinas, la poca leche que hay por la sequía. Todos los días hay una aventura nueva en la empresa y en el medio dos causas penales, por lo tanto él debería respetar un poco a esa parte de la Justicia”.
Alejandra sostiene que “esto de la reincorporación de empleados despedidos es un invento de los abogados de los sindicatos, que parece que se olvidan que no hay empleos sin empresas”, aludiendo a que los propios gremios se olvidan de los daños que le causan a quienes siguen trabajando y cumpliendo con su derecho a hacerse del sustento para sus familias.
Tratándose de una cautelar en incidente, como si fuera una sentencia, Lácteos Vidal ve vulnerado su derecho a ejercer la libre empresa, a la propiedad privada, pero sobre todo las garantías frente a un juicio que aún no sucedió. A eso le puede agregar Alejandra Bada las presiones y los insultos que sufrió por encabezar esta pyme láctea y sobre lo que no pesó ningún tipo de contemplación de género, algo que tan en boga está, pero pareciera que se usa para determinadas causas.
Lácteos Vidal sigue teniendo el apoyo de Apymel, del Movimiento de Empresarios Anti Bloqueo, de entidades vinculadas a la producción primaria, pero también de la comunidad de Moctezuma y de muchas localidades cercanas que ven en las amenazas a su continuidad un riesgo candente que pronto podría abarcar a otros rubros, a otras empresas.
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