Partes: L. L.M. c/ N. S.R.L. s/ cobro de pesos – laboral
Tribunal: Juzgado en lo Laboral de San Luis
Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: 3
Fecha: 12 de mayo de 2026
Colección: Fallos
Cita: MJ-JU-M-159682-AR|MJJ159682|MJJ159682
Voces: DESPIDO – INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO – PAGO EN CUOTAS – VIGENCIA DE LA LEY – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO A LA JURISDICCIÓN – DERECHO DE PROPIEDAD
Se declara la inconstitucionalidad del art. 56 de la ley 27.802 que modifica el art. 277 LCT que habilita el pago en cuotas de créditos laborales.
Sumario:
1.-El hecho de que, a diferencia de cualquier otro acreedor, el acreedor laboral deba recibir el pago en doce cuotas, conforme el art. 277 LCT modificado por el art. 56 de la ley 27.802, configura una discriminación contraria al art. 16 CN, y también al art. 14 bis cuando dispone que debe existir indemnización por despido arbitrario , ya que un pago en cuotas no es una indemnización sino una pensión temporaria que no cumple con el carácter de pago total.
2.-La pauta del art. 277 modificado por el art. 56 de la ley 27.802 que habilita el pago en cuotas de créditos laborales -doce cuotas en el caso pretendido por la demandada- configura un trato diferenciado en beneficio de la empleadora que carece de sustento razonable y proporcional, y que resulta incompatible con disposiciones constitucionales y convencionales, así como con los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes.
3.-El art. 277 modificado por el art. 56 de la ley 27.802 que habilita el pago en cuotas de créditos laborales produce un efecto claramente confiscatorio respecto de la parte trabajadora, pues le impide percibir en forma íntegra y oportuna un crédito cuya causa se remonta al año 2024, obligándola a aceptar su cancelación fraccionada en doce pagos, sin que exista una justificación concreta, objetiva ni excepcional que legitime semejante restricción.
4.-El mecanismo de pago en cuotas autorizado por el art. 56 de la ley 27.802 no sólo posterga en el tiempo el cumplimiento de una sentencia firme, sino que además dificulta el acceso íntegro, efectivo y oportuno al crédito laboral reconocido judicialmente.
5.-Cualquier reglamentación que imponga restricciones irrazonables sin un fin tutelar legítimo constituye una injerencia indebida en el proyecto de vida del trabajador; una solución de este tipo resulta incompatible con el principio protectorio y las condiciones equitativas de labor, al tiempo que vulnera la autonomía del sujeto e introduce un trato discriminatorio proscrito por la Constitución.
6.-El concepto de tutela judicial efectiva trasciende el simple acceso a los tribunales e implica, fundamentalmente, la obligación de asegurar que las sentencias se ejecuten íntegramente y en el tiempo debido.
7.-La aplicación retroactiva de la reforma sobre un crédito laboral reconocido por sentencia firme implica una disminución del nivel de tutela alcanzado y contradice la protección constitucional del trabajador.
8.-Los derechos reconocidos por una sentencia firme quedan incorporados al patrimonio del titular, y cualquier norma posterior -como el art. 56 de la ley 27.802- que pretenda dilatar su cumplimiento mediante un pago en cuotas, importa una privación ilegítima de la propiedad.
