Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) reconocen que en Mendoza ha habido avances, pero proponen cambios en el sistema actual.Mientras los accidentes en el trabajo se encuentran en mínimos históricos, los juicios a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo van en incremento. Mendoza no escapa a esta tendencia nacional y está entre las cuatro provincias con mayor cantidad de procesos judiciales contra las ART. Empresarios mendocinos presentaron propuestas.
Para entenderlo, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, el índice de fallecimientos “in itinere” se redujo un 77% entre 1996 y 2024, y un 80% en el lugar de trabajo. En tanto los accidentes y enfermedades tuvieron una disminución del 42% y el 55%, respectivamente, en los últimos 28 años en todo el país.
Lo paradójico es que, como contraparte, la cantidad de juicios nuevos se ha ido elevando y pasó de 3.012 en 2003 a 126.055 en 2024. Y que, mientras el índice de siniestralidad es de 30,2 cada millón de trabajadores, el de judicialidad es de 114,2 cada 10 mil trabajadores. Esto, cuando en Chile el de siniestralidad es del 21,2 y el de judicialidad del 5,8.
Durante tres días, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad de Nación, en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo están desarrollando en la provincia unas jornadas de actualización del baremo laboral. En ese contexto, se convocó a representantes del sector empresario mendocino para compartir los cambios que se están produciendo.
Dos “protocolos” diferentes en la SRT y la Justicia
Una de las causas que explica este aumento en la cantidad de juicios a las ART es que, cuando la denuncia del trabajador ingresa en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los peritos de la entidad establecen un porcentaje de incapacidad, de acuerdo con un baremo (una herramienta que establece criterios uniformes de evaluación, para asegurar que todas las valoraciones se realicen de manera objetiva y equitativa, independientemente de quién realice la evaluación).
Sin embargo, cuando el trabajador acude a la Justicia, se encuentra con otro criterio, que, según destacan desde la Unión Industrial Argentina (UIA), genera un aumento promedio de 10 puntos porcentuales en la determinación de la discapacidad. En Mendoza, esta cifra se eleva a 11,8 puntos porcentuales.
Por otra parte, aproximadamente el 80% de las causas en la justicia laboral son casos que en las comisiones médicas tuvieron dictámenes de 0% de incapacidad. También este porcentaje es más alto en Mendoza, donde alcanza el 86,5%.
Esto, por un lado, sobrecarga a la Justicia y, por el otro, genera un incremento de los costos para las empresas, porque si bien el juicio se realiza contra la ART, la empresa aseguradora le eleva las alícuotas a las compañías por el riesgo elevado (tal como sucede con los seguros de los vehículos).
Qué cambió
En febrero, entrará en vigencia un nuevo baremo, que el Gobierno nacional estableció a través del decreto 549/2025 y que actualiza el actual, que es de 1996. De esta manera, se incorporan avances científicos, médicos y tecnológicos, y establece criterios uniformes para todo el país en la determinación del daño laboral.
Si bien esto implica un avance significativo, desde la UIA plantean que es importante que en Mendoza -una de las provincias que ya constituyó un cuerpo médico pericial, como establece la Ley de Riesgos del Trabajo-, los peritos y jueces se capaciten en la implementación del nuevo baremo. En la reunión de ayer, desde el Poder Judicial manifestaron el compromiso de hacerlo.
Mauricio Badaloni, integrante de la Comisión Directiva de la UIA, comentó que entienden que Mendoza es una de las provincias que más acciones ha tomado para bajar la litigiosidad laboral -los juicios por despidos u otros conflictos entre el empleado y el empleador-, pero que los procesos judiciales por incapacidad en las ART siguen en aumento.
Sumó que, hoy, los fallos tienen variaciones significativas ante situaciones similares y que esto es parte del “costo argentino” que no se ve, porque las ART aumentan las alícuotas a las empresas por este incremento en los juicios.
Menores costos y precios más bajos
Matías Díaz Telli, presidente de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), comentó que no hay un criterio uniforme para determinar la incapacidad laboral, porque la SRT tiene un baremo, pero cada jurisdicción de la Justicia e, incluso, cada juzgado, aplica su propio criterio, que es cambiante.
“Se necesita ecuanimidad en las reglas”, indicó y sumó que la previsibilidad no sólo es importante para la ART, que tiene que afrontar la compensación, sino también para las empresas y los mismos trabajadores.
De hecho, otro de los pedidos de la UIA apunta a que, si bien el juicio es a la ART, las empresas son notificadas tarde (o nunca) de los juicios que, en cierta medida, las involucran, porque se traducen en un aumento del monto a pagar a la aseguradora.
Díaz Telli señaló que se tiene que seguir trabajando en disminuir los accidentes y que las ART hacen su trabajo de prevención en las compañías, pero que las empresas deben enterarse de la cantidad de acciones legales, porque eso se traduce en un aumento de los costos.
“A la larga, esa conflictividad disminuye la eficiencia y productividad de las empresas y no es que van a ganar menos, sino que el consumidor, cuando vaya a la góndola del supermercado, va a pagar más, porque se traslada a precios”, ilustró.
Mesa de trabajo público-privado
El subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera, mencionó que el Gobierno provincial viene trabajando en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Corte para abordar esta problemática, porque termina repercutiendo en los costos de las empresas y el Ejecutivo busca favorecer las inversiones.
Consideró que, si todos aplican el mismo baremo -la SRT y la Justicia-, y se logra reducir la diferencia en las determinaciones, se va a evitar que tantos casos lleguen a los juzgados.
Agregó que la reunión con empresarios que se realizó ayer en Casa de Gobierno tuvo como objetivo explicarles el trabajo que se viene realizando y recibir opiniones y sugerencias del sector privado. En ese ámbito, detalló, se acordó conformar una mesa para reunirse periódicamente en la búsqueda de soluciones.
Lo paradójico es que, como contraparte, la cantidad de juicios nuevos se ha ido elevando y pasó de 3.012 en 2003 a 126.055 en 2024. Y que, mientras el índice de siniestralidad es de 30,2 cada millón de trabajadores, el de judicialidad es de 114,2 cada 10 mil trabajadores. Esto, cuando en Chile el de siniestralidad es del 21,2 y el de judicialidad del 5,8.
Durante tres días, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad de Nación, en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo están desarrollando en la provincia unas jornadas de actualización del baremo laboral. En ese contexto, se convocó a representantes del sector empresario mendocino para compartir los cambios que se están produciendo.
Dos “protocolos” diferentes en la SRT y la Justicia
Una de las causas que explica este aumento en la cantidad de juicios a las ART es que, cuando la denuncia del trabajador ingresa en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los peritos de la entidad establecen un porcentaje de incapacidad, de acuerdo con un baremo (una herramienta que establece criterios uniformes de evaluación, para asegurar que todas las valoraciones se realicen de manera objetiva y equitativa, independientemente de quién realice la evaluación).
Sin embargo, cuando el trabajador acude a la Justicia, se encuentra con otro criterio, que, según destacan desde la Unión Industrial Argentina (UIA), genera un aumento promedio de 10 puntos porcentuales en la determinación de la discapacidad. En Mendoza, esta cifra se eleva a 11,8 puntos porcentuales.
Por otra parte, aproximadamente el 80% de las causas en la justicia laboral son casos que en las comisiones médicas tuvieron dictámenes de 0% de incapacidad. También este porcentaje es más alto en Mendoza, donde alcanza el 86,5%.
Esto, por un lado, sobrecarga a la Justicia y, por el otro, genera un incremento de los costos para las empresas, porque si bien el juicio se realiza contra la ART, la empresa aseguradora le eleva las alícuotas a las compañías por el riesgo elevado (tal como sucede con los seguros de los vehículos).
Qué cambió
En febrero, entrará en vigencia un nuevo baremo, que el Gobierno nacional estableció a través del decreto 549/2025 y que actualiza el actual, que es de 1996. De esta manera, se incorporan avances científicos, médicos y tecnológicos, y establece criterios uniformes para todo el país en la determinación del daño laboral.
Si bien esto implica un avance significativo, desde la UIA plantean que es importante que en Mendoza -una de las provincias que ya constituyó un cuerpo médico pericial, como establece la Ley de Riesgos del Trabajo-, los peritos y jueces se capaciten en la implementación del nuevo baremo. En la reunión de ayer, desde el Poder Judicial manifestaron el compromiso de hacerlo.
Mauricio Badaloni, integrante de la Comisión Directiva de la UIA, comentó que entienden que Mendoza es una de las provincias que más acciones ha tomado para bajar la litigiosidad laboral -los juicios por despidos u otros conflictos entre el empleado y el empleador-, pero que los procesos judiciales por incapacidad en las ART siguen en aumento.
Sumó que, hoy, los fallos tienen variaciones significativas ante situaciones similares y que esto es parte del “costo argentino” que no se ve, porque las ART aumentan las alícuotas a las empresas por este incremento en los juicios.
Menores costos y precios más bajos
Matías Díaz Telli, presidente de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), comentó que no hay un criterio uniforme para determinar la incapacidad laboral, porque la SRT tiene un baremo, pero cada jurisdicción de la Justicia e, incluso, cada juzgado, aplica su propio criterio, que es cambiante.
“Se necesita ecuanimidad en las reglas”, indicó y sumó que la previsibilidad no sólo es importante para la ART, que tiene que afrontar la compensación, sino también para las empresas y los mismos trabajadores.
De hecho, otro de los pedidos de la UIA apunta a que, si bien el juicio es a la ART, las empresas son notificadas tarde (o nunca) de los juicios que, en cierta medida, las involucran, porque se traducen en un aumento del monto a pagar a la aseguradora.
Díaz Telli señaló que se tiene que seguir trabajando en disminuir los accidentes y que las ART hacen su trabajo de prevención en las compañías, pero que las empresas deben enterarse de la cantidad de acciones legales, porque eso se traduce en un aumento de los costos.
“A la larga, esa conflictividad disminuye la eficiencia y productividad de las empresas y no es que van a ganar menos, sino que el consumidor, cuando vaya a la góndola del supermercado, va a pagar más, porque se traslada a precios”, ilustró.
Mesa de trabajo público-privado
El subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera, mencionó que el Gobierno provincial viene trabajando en conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Corte para abordar esta problemática, porque termina repercutiendo en los costos de las empresas y el Ejecutivo busca favorecer las inversiones.
Consideró que, si todos aplican el mismo baremo -la SRT y la Justicia-, y se logra reducir la diferencia en las determinaciones, se va a evitar que tantos casos lleguen a los juzgados.
Agregó que la reunión con empresarios que se realizó ayer en Casa de Gobierno tuvo como objetivo explicarles el trabajo que se viene realizando y recibir opiniones y sugerencias del sector privado. En ese ámbito, detalló, se acordó conformar una mesa para reunirse periódicamente en la búsqueda de soluciones.
