Dos escribanas entre los 6 condenados por vender propiedades de muertos con poderes truchos

Dos escribanas y otras 4 personas fueron condenados a prisión efectiva de hasta 7 años en sus domicilios y en suspenso. Se declararon culpables tras 7 años

Un Tribunal Penal Colegiado condenó a seis personas -2 de ellas escribanas públicas- por el delito de asociación ilícita por la captación y venta de propiedades y terrenos a nombre de personas fallecidas, mediante poderes notariales falsos, irrevocables y con validez post mortem. Los casos comenzaron a ser investigados hace 8 años.

Las dos escribanas, que trabajan en el Gran Mendoza, también fueron inhabilitadas para ejercer la profesión. Junto con las otras cuatro personas bajo proceso, todos se declararon culpables en un juicio abreviado realizado en el Polo Judicial esta semana.

De acuerdo a la pesquisa de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, las maniobras delictivas con bienes de personas fallecidas mediante poderes irrevocables post mortem fueron valuadas en $5,3 millones.

El modus operandi, según la Justicia, era poner a nombre de otras personas los bienes de personas fallecidas. Una vez realizado esto, lograban venderlos.

Al séptimo implicado en la asociación ilícita, que es hijo de uno de los condenados, se lo benefició con la suspensión de juicio a prueba durante 3 años porque carece de antecedentes penales.

Todos estuvieron involucrados en la captación y venta de propiedades a nombre de personas fallecidas mediante poderes notariales irrevocables y con efectos post mortem, según determinó la fiscal Susana Muscianisi al cierre de una extensa y compleja investigación que incluyó peritajes y allanamientos en casas particulares.

Los fundamentos de la sentencia acordada entre la Fiscalía y los abogados defensores y finalmente impuesta por los camaristas Nancy Lecek, Luis Rafael Correa Llano y Carmen Magro, se conocerán la semana próxima.

Tres años de prisión para las escribanas y 7 años para otro implicado

De acuerdo al resolutivo del Tribunal Penal Colegiado, la pena condenatoria más severa recayó sobre Marcelo Rabel Cantos, quien fue sentenciado a 7 años de prisión efectiva, aunque -por razones de salud- no estará ese tiempo en la cárcel sino en su casa y con tobillera electrónica.

Según los investigadores, Rabel Cantos -quien había sido empleado de una escribanía y conocía al detalle la logística de este tipo de operaciones- era el organizador de la asociación ilícita y se encargaba de captar propiedades que eran parte de juicios de sucesión en desarrollo. Luego de la confección de documentación apócrifa, esos bienes eran vendidos.

Las escribanas condenadas por el Tribunal Penal Colegiado son Claudia Modica y Andrea Marún. Fueron sentenciadas a 3 años de prisión efectiva e inhabilitadas durante 10 años para ejercer la profesión.

No irán a la cárcel y cumplirán la condena en sus domicilios y con tobillera electrónica.

En el caso de Modica, los 3 años de prisión impuestos son fruto de la unificación de la condena por asociación ilícita y otro fallo adverso de la Justicia Federal.

Cuando el caso se conoció públicamente en 2017, la escribana Modica negó su participación en los hechos y dijo que su firma había sido falsificada. Sin embargo, frente a la solidez de las pruebas recogidas durante la pesquisa de la fiscal Musicianisi, admitió su responsabilidad, se declaró culpable en juicio abreviado y fue condenada.

El rol de las escribanas, según el Ministerio Público Fiscal, se ajustaba a legitimar las operaciones comerciales con propiedades de personas ya fallecidas y cuyos procesos de sucesión de bienes estaban abiertos o por iniciarse en la Justicia Civil de Mendoza. Para ello, utilizaban poderes notariales irrevocables con validez post mortem.

Las condenas para el resto de los implicados junto con las escribanas

El cuarto condenado es José Benegas, a quien el Tribunal Penal Colegiado le impuso la pena de 3 años de prisión efectiva pero en la modalidad domiciliaria y con tobillera, al igual que Rabel Cantos y las escribanas Modica y Marún.

Las últimas dos personas sentenciadas por el delito de asociación ilícita recibieron la penalización más leve.

Se trata de Carina Jaquelina Lazo y Rolando Barboza, quienes fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir una serie de normas de conductas auditadas por el Tribunal.

Lazo y Barboza deben cumplir la condena en libertad y no irán a la cárcel -ni siquiera en la modalidad domiciliaria con tobillera, como sí ocurrió con Rabel Cantos y las notarias Modica y Marún-.

Durante los 3 años siguientes no deberán cometer delitos, ni siquiera de los considerados culposos (sin intención). Caso contrario, la prisión en suspenso será revocada, se transformará en efectiva y serán llevados a la cárcel.

El séptimo implicado con las escribanas zafó de una sentencia

La séptima persona que integraba la asociación ilícita fue identificada en el proceso como Zamin Rabel -hijo de Marcelo Rabel Cantos-. Fue beneficiada con la suspensión del juicio a prueba durante 3 años ya que no acreditaba antecedentes penales.

Gracias a esta chance que le concedió la Justicia, al final del juicio no recibió una sentencia como el resto de los implicados. Sin embargo, Zamin Rabel deberá observar un comportamiento impecable para no perder ese beneficio y ser sentenciado. Deberá respetar reglas de conducta fijadas por el Tribunal que condenó a las escribanas.