La Suprema Corte definió una disputa hereditaria que dividió a Cristina y José Zuccardi, con un fallo con perspectiva de género que tuvo repercusiones nacionales.
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La trama y el escándalo que envuelve a la familia Zuccardi, propietaria de una de las principales bodegas del país, tiene todos los condimentos necesarios para atraer la atención: un apellido reconocido, una feroz pelea por la herencia, con millones de dólares en juego, y fallos judiciales que fueron moviendo la balanza de un lado hacia el otro, hasta inclinarse -al menos hasta el momento- a favor de Cristina, que denunció su hermano José por haber sido perjudicada en el reparto de bienes.
El 5 de agosto de 2024, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (SCJM) marcó un hito al resolver una larga disputa judicial que atravesó y dinamitó a la familia Zuccardi, un ícono de la industria vitivinícola.
En un fallo unánime que revirtió dos sentencias de tribunales inferiores y que fue argumentado por la jueza María Teresa Day, la Sala Primera del máximo tribunal determinó que se violó la legítima hereditaria y ordenó al empresario José Zuccardi pagarle 12 millones de dólares a su hermana, más los intereses desde la interposición de la demanda. De acuerdo con especialistas, el monto final prácticamente duplicará esa cifra.
La sentencia, que también contó con los votos de los supremos Pedro Llorente y Omar Palermo, se destacó por incorporar una perspectiva de género en la resolución de las disputas patrimoniales. Sin embargo, generó dudas y críticas en torno a la distribución de las herencias familiares y la posibilidad de que la causa siente un precedente sobre la interpretación de la donación consentida.
Recientemente la historia, que traspasó las fronteras de Mendoza y se instaló como un caso mediático nacional, sumó otro capítulo con la nueva denuncia de Cristina contra José en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
Básicamente, lo acusa de “licuar, esconder, fraguar y disminuir” su patrimonio, con el objetivo de declararse insolvente y evitar pagarle la millonaria condena establecida por la Corte. Según la denuncia, José Zuccardi “ha transferido 112 marcas comerciales propias y de valores millonarios a una empresa que integran solo sus hijos, en el medio del proceso judicial y con posterioridad a la sentencia para burlar el derecho de cobrar”.
La génesis del conflicto en la familia Zuccardi
En 1992, Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone, fundadores de las constructoras Cimalco y Cimalco Neuquén y de bodega La Agrícola, decidieron distribuir su patrimonio en vida a sus tres hijos: Cristina, Ema Inés y José.
Mientras las acciones de las dos constructoras se repartieron equitativamente entre los tres hermanos, el 87,46% del paquete accionario de La Agrícola fue donado a José, consolidando su control sobre la empresa más valiosa y con mayor proyección económica de la familia. El argumento de los padres fue que el hijo varón desempeñaba un rol clave en la gestión de la bodega, que con el paso de los años se transformó en Zuccardi Wines.
Casi inmediatamente, los progenitores le vendieron a José el 12,54% restante de las acciones de La Agrícola por 500.000 dólares. En su denuncia, Cristina alegó que se trataba de un acto simulado. Y la Corte le dio la razón: “De tal modo, sin ninguna otra explicación válida, en apenas una semana, los padres entregan a su hijo el 99% de las acciones de la empresa”, destacó en su fallo.
Cristina y Ema Inés recibieron una compensación en forma de un acuerdo por cinco millones de litros de vino blanco o su equivalente en dinero, un arreglo que se cumplió parcialmente.
“Hubo una intención expresa de mi padre de beneficiar a José, porque ya en ese entonces la bodega era un actor importante del mercado, y era la inversión más reciente del grupo familiar, donde todos habíamos puestos nuestros esfuerzos y expectativas”, dijo Cristina, exdirigente y legisladora peronista, en una entrevista con el portal Infobae.
La decisión se formalizó con un contrato al que todos los hijos suscribieron. No obstante, la desigualdad en los valores asignados desató el conflicto judicial. “La reclamante jamás se mostró conforme con el trato desigual que recibió en los anticipos de herencia y el acuerdo lo firmó ‘bajo protesta, con bronca’. Sintió la injusticia, se vio afectada por ella, se alejó de su hermano y le hizo saber sus razones”, sostuvo la sentencia de la SCJM.
Uno de los ejes centrales del caso es la fecha que debe tomarse en cuenta para la valuación del patrimonio. Para la defensa de José, el punto hay que ponerlo en el momento del anticipo de herencia, en 1992, cuando La Agrícola estaba tasada en 10,5 millones de dólares, mientras que ambas Cimalco no llegaban a los 2 millones. Una jueza y tres camaristas avalaron esta teoría.
Pero para SCJM, el corte hay que hacerlo el 9 de febrero de 2014, cuando falleció Alberto Victorio Zuccardi. En ese momento, el valor de mercado de La Agrícola fue estimado en más de 104 millones de dólares, y el de las constructoras no superaba los 7 millones de dólares cada una.
De esta manera, Cristina sólo recibió un anticipo de herencia por 7,8 millones de dólares, mientras que el hijo varón terminó percibiendo bienes por 94,7 millones de dólares.
“Los números hablan por sí solos. La desproporción es notoria y excesiva. Ninguna otra fundamentación resulta necesaria de sólo constatar las diferencias que surgen de los valores en juego. La porción legítima de la actora ha sido significativamente vulnerada, por lo que no encuentro razón alguna para rechazar su reclamo”, señaló Day.
Un enfoque con perspectiva de género
La Corte identificó patrones de género en las decisiones de los padres, quienes consideraron que Cristina, por ser mujer, no tenía las capacidades para liderar La Agrícola SA.
“La actora, por el sólo hecho de ser mujer, recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares. Sus padres no consideraron que tuviera la capacidad, la aptitud, la creatividad y la tenacidad para llevar adelante la empresa familiar con mayor potencial en ese momento, cualidades todas que encontraron sólo en el hijo varón. Lamentablemente, la actora nació mujer, ‘inmanejable, incontrolable, rebelde, contestataria’, siendo más conveniente para toda la familia alejarla de los asuntos de la empresa”, se descargó Day en el fallo.
En tal sentido, el tribunal concluyó que las decisiones de los progenitores estuvieron influenciadas por ideas arraigadas en estereotipos de género, que subestimaron las capacidades de su hija mayor para liderar la empresa familiar, sólo por ser mujer.
“Es un error común creer que en los ámbitos comerciales y empresariales la perspectiva de género carece de importancia”, expresó la Corte, citando a la jurista Graciela Medina.
Zuccardi vs Zuccardi, la cronología
Alberto Victorio Zuccardi y Emma Cartellone tuvieron tres hijos: Cristina, Ema Inés y José.
En la década del 60 fundaron tres empresas: Cimalco SA (CISA) constituida el 15 de diciembre de 1967; Cimalco Neuquén SA (CINSA), creada el 11 de julio de 1968; y La Agrícola SA (LASA), que nació el 22 de octubre de 1968.
En 1986 realizaron la primera división de bienes, repartiendo entre sus hijos el 49% del capital social de las tres empresas (en partes iguales), conservando el control sobre todas ellas.
“Hasta entonces, trabajábamos juntos como grupo de empresas de familia, compartiendo cotidianeidad, oficinas, reuniones”, relató Cristina Zuccardi al diario Perfil.
El 26 de noviembre de 1991, los hermanos designaron a sus padres para que lauden y determinen su participación y distribución de los bienes de las tres sociedades. Además se comprometieron a acatar la resolución, sin ofrecer reparos ni requerir ninguna otra intervención.
El 13 de diciembre de 1991, los padres suscribieron un laudo de distribución de las empresas a sus hijos, el cual se encontraba fundado en dos premisas básicas: un principio de equidad y un reconocimiento al “esfuerzo aportado en el nivel creativo” del hijo varón, reconociendo que ello había generado beneficios.
El 23 de marzo de 1992, los padres efectuaron una donación como anticipo de herencia en favor de sus hijos. Luego de delimitar las acciones que poseían en cada empresa, dispusieron distribuir en partes iguales entre los tres hermanos las acciones de CISA y de CINSA.
Respeto de la empresa LASA, dispusieron entregarle más del 87,46% de las acciones al hijo varón exclusivamente.
En ese convenio, admitieron que beneficiaron a José en la distribución, por lo que establecieron que debía pagar una compensación a Cristina y Ema Inés. Una vez alcanzado ese acuerdo, los hermanos no podrían reclamarse por la equivalencia de los bienes que recibieron.
También establecieron que sus hijos los mantendrían en sus funciones en forma vitalicia, con remuneraciones acordes a las que en ese momento percibían.
También el 23 de marzo de 1992, se suscribió un convenio familiar por el valor excedente que recibió José en relación con sus hermanas: tenía que entregarles cinco millones de litros de vino blanco escurrido de calidad normal, en 40 cuotas de 125.000 litros cada una, que vencerían los 30 de julio, agosto, setiembre y octubre de cada año, desde 1992. El pago podía ser en vino o su equivalente en dinero.
“La ‘compensación’ fue una burla, fue estipulada en el equivalente al vino más barato del mercado”, recordó Cristina Zuccardi.
El 30 de marzo de 1992, los padres vendieron a José las restantes acciones de la bodega La Agrícola SA, por la suma de 500.000 dólares.
El 10 de septiembre de 1992, los padres rubricaron un nuevo manuscrito sobre su patrimonio y los bienes anticipados en herencia.
Allí detallaron los valores totales de las empresas y los valores recibidos con anterioridad por sus hijos.
También pusieron en evidencia que los parámetros utilizados para fijar el valor de las tres empresas no fueron los mismos:
Para CISA y CINSA, lo determinan por el valor de libros de ambas empresas al 30 de septiembre de 1991.
En cambio, al momento de fijar el valor de La Agrícola, utilizaron el valor de libros, redondeándolo a un valor superior a la tasación.
El 20 de agosto de 1998, Alberto Victorio Zuccardi firmó un testamento en el cual manifestó confirmar su voluntad ya expresada al realizar anticipos en favor de sus tres hijos.
También eximió a José de la obligación de traer a colación las donaciones o adelantos que recibió, otorgándole a una mejora de su herencia. Adujo que eran un reconocimiento a su labor desde 1976 que dio como resultado el crecimiento de La Agrícola y el beneficio de la familia toda.
El 9 de febrero de 2014 falleció Alberto Victorio Zuccardi.
El 7 de febrero de 2018, Cristina Zuccardi interpuso la demanda contra su hermano por acciones de reducción, simulación y fraude.
“Aunque mi padre falleció en 2014, esperé hasta 2018 para iniciar la demanda sucesoria recién cuatro días antes de que se cumpliera el plazo de prescripción fijado por el código vigente, porque tenía la esperanza de tener alguna comunicación de la familia y buscar una solución”, aseguró en una entrevista con Infobae.
El 30 de abril de 2020 falleció Emma Cartellone.
El 2 de marzo de 2022, la por entonces titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas N° 3, Beatriz Fernanda Salvini, desestimó la demanda.
Consideró que no hubo violación de su legítima ni actos discriminatorios.
Argumentó que los valores se establecieron en el momento de la donación y no se identificaron irregularidades en las operaciones patrimoniales.
El 27 de julio de 2023, la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas de Paz y Tributario (integrada por Silvina Furlotti, María Teresa Carabajal Molina y Gladys Delia Marsala) confirmó la sentencia de primera instancia.
Sostuvo que las donaciones y transacciones se hicieron con el consentimiento de todos los hijos.
Indicó que no quedaban bienes a repartir al fallecimiento de los progenitores, ya que el patrimonio se había adelantado en vida.
El 24 de agosto de 2023, la Suprema Corte de Justicia aceptó el recurso extraordinario provincial y se abocó al caso.
El 5 de agosto de 2024, la Sala Primera del máximo tribunal revocó el falló de la Cámara de Apelaciones.
Hizo lugar a las acciones de reducción y simulación interpuestas por Cristina Zuccardi contra su hermano.
Condenó a José Zuccardi a pagarle 12.002.827,72 dólares, más intereses desde la interposición de la demanda, hasta su efectivo pago. El monto total es de aproximadamente 23 millones de dólares.
El 14 de octubre de 2024, la Corte rechazó el rechazó el recurso extraordinario federal solicitado por la defensa de José Zuccardi.
En noviembre, el empresario presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise algunas interpretaciones del fallo.
El 26 de diciembre de 2024, el Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial ordenó seguir con la ejecución en contra del empresario, le otorgó tres días a su defensa para oponerse al fallo de la Corte y habilitó la feria de enero de 2025 para darle continuidad al trámite.
Recientemente, Cristina Zuccardi denunció penalmente a su hermano por defraudación. Lo acusó de intentar “vaciar” la empresa La Agrícola para declararse insolvente y no pagar la sentencia de la Suprema Corte.
