Se trata de Susana Giunta Rauzi, quien reconoció 12 denuncias en su contra mientras era funcionaria de la cartera nacional. Los damnificados fueron propietarios de negocios de Rivadavia y San MartÃn.
Una causa que se inició hace casi una década por una serie de maniobras fraudulentas realizadas por una inspectora del Ministerio de Trabajo de la Nación tuvo su cierre con una condena este lunes en los Tribunales federales mendocinos.
La ex funcionaria, identificada como Susana Silvia Giunta Rauzi, habÃa sido denunciada en 2014 por labrar actas de infracción truchas contra comercios del Este provincial.
Básicamente, la mujer, de 57 años, simulaba haber realizado controles en negocios de los departamentos de Rivadavia y San MartÃn y aseguraba que habÃa entrevistado a empleados que estaban trabajando en negro.
De esta forma, llenaba los formularios con datos de supuestos trabajadores, que en ocasiones correspondÃan a personas que habÃa conocido, y de quienes tenÃa acceso a su documentación, debido a su militancia en una agrupación kirchnerista.
En total, Giunta Rauzi acumuló doce denuncias en su contra. Este lunes terminó condenada luego de reconocer la autorÃa en todos los hechos frente al juez Alberto Daniel Carelli, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza.
La defensa de la mujer y el Ministerio Público acordaron una pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta por 6 años por los delitos de falsificación de documentos agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el expediente también estuvo imputado un compañero de Giunta Rauzi que firmó algunas de las actas apócrifas, pero falleció y terminó sobreseÃdo por extinción de la acción penal.
El inicio de la investigación
Uno de los primeros comerciantes en denunciar a la inspectora fueron los propietarios de una casa de fotografÃa de San MartÃn, a quienes les llegó a mediados de 2014 una notificación de una multa del Ministerio de Trabajo por incumplimiento a la debida registración laboral.
El documento sostenÃa que, en junio de ese año, Giunta Rauzi habÃa realizado una inspección en el comercio de calle Lavalle del citado departamento y que fue atendida por una empleada.
Supuestamente, la mujer le aseguró a la funcionaria que llevaba dos dÃas trabajando en el local y que estaba en negro. Se labró el certificado pero no contaba con la firma de la supuesta empleada, quien figuraba como “no registrada”.
Los dueños del negocio acudieron a la Justicia ordinaria pero la causa pasó al fuero federal. Al mismo tiempo, se inició un sumario administrativo en el Ministerio de Trabajo.
En ambos casos, se estableció que los datos plasmados el acta de infracción eran falsos y que los comerciantes nunca tuvieron personal a cargo, ya que ellos mismos se hacÃan cargo de la atención del local.
AsÃ, se desestimó el pago de la multa por parte de los propietarios en la cartera nacional y la Justicia federal avanzó en la causa por falsificación de documentos contra Giunta Rauzi.
La mujer fue citada a declaración indagatoria, reconoció que ella habÃa firmado el documento en cuestión e insistió con la versión de que habÃa entrevistado a una empleada que se encontraba en negro.
No obstante, con el tiempo se fueron sumando nuevas quejas por su accionar en su contra, por maniobras de similares caracterÃsticas y a partir de allà se negó a volver a declarar.
El modus operandi
En cuestión de dÃas, la Justicia federal recibió un total de 12 denuncias por actas falsificadas que fueron labradas por Giunta Rauzi entre el 27 de marzo y el 13 de junio de 2014, sostiene la instrucción.
Los damnificados fueron diferentes negocios de Rivadavia y San MartÃn: dos casas de fotografÃa, una jugueterÃa, una tienda de ropa, un negocio de venta de calzados, una farmacia, una mercerÃa, una panaderÃa, un local de materiales eléctricos y una casa de repuestos.
Lo llamativo es que varios de los propietarios advirtieron que habÃan sido blanco de la misma situación, ya que sus negocios funcionaban en direcciones contiguas o en una misma calle.
En uno de esos casos, se estableció una conexión de las maniobras fraudulentas con la actividad de la acusada como militante de una agrupación K.
Ese hecho tuvo como vÃctima al dueño de una negocio de venta de ropa de calle San Isidro, en Rivadavia. Al igual que en la primera denuncia, al comerciante le llegó la notificación del Ministerio de Trabajo, que le comunicaba sobre una sanción y multa económica por tener una empleada sin registrar.
La presunta trabajadora que figuraba en el documento declaró en el expediente y aseguró que habÃa conocido a Giunta Rauzi ya que le habÃa ofrecido un plan social en Chapanay, a través de una cuñada.
De esa testimonial surge que la mujer le entregó a la funcionaria, oriunda de Palmira, sus datos y una fotocopia del DNI, asistió a algunas reuniones, a un bingo, pero que después Giunta Ruzi y sus colaboradores desaparecieron.
A través de esa declaración se estableció que la inspectora utilizaba la información de personas que conocÃa a través de sus trabajos sociales en sectores carenciados de la Zona Este y los colocaba en los formularios truchos.
Pero esa no era la única metodologÃa que utilizaba, ya que en una ocasión colocó como empleada en negro a la hermana del dueño de un comercio de venta de calzados, que también funcionaba en calle San Isidro de Rivadavia.
Algo parecido ocurrió con una mercerÃa rivadaviense, puesto que en el documento labrado por Giunta Riuzi figuraba que durante la inspección habÃa sido atendida por el padre del propietario, quien habÃa fallecido en 2009.
A eso se le sumó la denuncia de una consultora de Godoy Cruz, dedicada al asesoramiento en trámites provisionales. De la investigación surge que en 2013 la inspectora trabajó allà durante dos meses, asesoró a unas 80 personas y les cobró.
Semanas después, llegaron cartas documento solicitando la relación de dependencia, portes e indemnización de una empleada, pese a que pagaba el monotributo.
Cuando la encargada se dirigió a la SubsecretarÃa de Trabajo para hacer el reclamo correspondiente, constató que el acta habÃa sido realizada por Giunta Riuzi.
A través de las numerosas testimoniales y pruebas recolectadas, la acusada quedó fuertemente comprometida en el acumulado de las causas y terminó reconociendo la autorÃa en los delitos que le endilgaban.
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