Pago Difícil: Una usuaria quiso pagar la cuota de un crédito con “Pago Fácil”, pero su pago no se acreditó correctamente. Ahora deberá ser indemnizada al haberse afectado su derecho al acceso al crédito por una indebida inclusión en la base de datos del BCRA

Partes: Araujo María Isabel c/ Servicio Electrónico de Pago (SEPSA) y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: D

Fecha: 10 de noviembre de 2023

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-147890-AR|MJJ147890|MJJ147890

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – PÉRDIDA DE LA CHANCE – BASES DE DATOS PERSONALES

La indemnización por pérdida de chance es procedente cuando se acreditó la afectación del derecho al acceso al crédito por razón de una indebida inclusión del reclamante en la base de datos del Banco Central de la República Argentina.

Sumario:

1.-La no exhibición de la propia contabilidad se equipara a su ocultación y constituye presunción en contra de quien así actúa.

2.-No se ignora que el deudor que sostiene haberse liberado mediante pago de la obligación, debe probarlo y que, en tal sentido, la prueba del pago por excelencia es el recibo; empero, la regla de que el recibo es prueba del pago, no puede ser utilizada como argumento para sentar por inversión de sus términos una regla contraria igualmente general y pretender que la falta de recibo prueba necesariamente la inexistencia del abono.

3.-El error que proviene de la culpa abre el camino a atribuir responsabilidades en todos los casos en que los bienes personales o patrimoniales de otra persona son lesionados a causa, precisamente, de dicho error.

4.-Resulta plenamente exigible a los comerciantes obrar con conocimiento y adecuación pues se supone en ellos ciertas aptitudes y capacidades mínimas en el manejo y administración de sus negocios, de las que carece el hombre común.

5.-El deudor que paga tiene derecho a obtener de su acreedor la correspondiente liberación y, en tal sentido, el derecho a la liberación importa hacer manifiesto y, en consecuencia, acreditable el pago.

6.-El acreedor tiene el deber de examinar diligentemente la prestación ya realizada por el deudor y concretar los actos que sean pertinentes para posibilitarle alcanzar la liberación sin riesgos; actos esos que pueden ser tanto el correcto otorgamiento de un recibo sobre la base de lo pagado, como la toma de nota de la cancelación de la deuda en registros.

7.-El daño causado por el representante al tercero en cumplimiento de la gestión representativa por actuación culposa suya, compromete la responsabilidad del representado, encontrando fundamento ello en la identidad jurídica que existe entre representado y representante, o bien en la idea de una responsabilidad contractual por el hecho de otro.

8.-Si el representante no ejecuta debidamente su cometido o lo ejecuta defectuosamente, es como si el mismo representado no lo hubiese ejecutado o no lo hubiese ejecutado de modo correcto.

9.-Actualmente, el Sistema Nacional de Pagos (SNP), que aprehende a todos los instrumentos de pagos regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), define al Proveedor de Servicios de Pago (PSP) como la persona jurídica que, sin ser entidad financiera, cumple al menos una función dentro de un esquema de pago minorista en el marco global del mencionado sistema, de acuerdo a reglas comerciales, técnicas y/o operativas que hacen posible el funcionamiento del instrumento de pago de que se trate cuando intervienen al menos tres partes: un ordenante, un receptor y un PSP.

10.-Así como no cabe confundir la operación bancaria de depósito de dinero, con el servicio de cobranza que prestan las entidades financieras, que sólo suponen un servicio de caja, seguido de la transferencia respectiva, así tampoco corresponde confusión alguna cuando el servicio es prestado por una empresa de cobranza extrabancaria y esto es así, pues al prestar tal servicio, la empresa de cobranza extrabancaria no actúa como depositaria, sino como mandataria para el cobro de las personas o empresas que así se lo encargan, lo que descarta la figura del depósito ‘irregular’, y conecta más bien con lo previsto por el art. 1911 del CCiv. de 1869 en cuanto a la obligación que tiene el mandatario de entregar al mandante lo recibido en virtud del mandato, incluyendo lo que recibió de tercero,

11.-En materia estrictamente contractual, cuando el daño al tercero lo causa el mandatario en el cumplimiento de la gestión a él encomendada, su culpa equivale a la del mandante, y es este último, consiguientemente, quien debe soportar todas las consecuencias sufridas por el tercero; en otras palabras, es el mandante y no el mandatario el que debe responder por los daños y perjuicios que resulten al tercero del incumplimiento o del cumplimiento defectuoso de la gestión.

12.-La pérdida de la chance configura un daño actual -no hipotético resarcible cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por el responsable, y puede ser valorada en sí misma aun prescindiendo del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probabilidad. En definitiva, la indemnización por pérdida de chance no se identifica con la utilidad dejada de percibir, sino que lo resarcible es la chance misma, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta, sin que pueda nunca identificarse con el eventual beneficio perdido.

13.-El análisis de la pérdida de la chance tiene dos aspectos claramente diferenciados. En primer lugar, es preciso demostrar la existencia misma de la oportunidad, esto es, que el demandante se encontraba en una situación tal en la que podía obtener el resultado esperado. En segundo lugar, y solo una vez comprobada la existencia de la oportunidad, se abre camino la cuantificación del daño. Esta última nunca afecta la certidumbre del perjuicio, pues aun si faltase prueba sobre el quantum del resarcimiento igualmente sería debido por el responsable.

14.-El esfuerzo probatorio del demandante debe dirigirse a aportar los elementos que permitan cuantificar el importe de la reparación, pero si este último esfuerzo probatorio fracasa o no se cumple, al no estar ya afectada la certidumbre del daño, corresponderá la prudencial estimación judicial del rubro -art. 165, párr. tercero , del CPCCN.- bien que efectuada con parquedad.

15.-Esta alzada ha admitido la indemnización de la chance perdida cuando se ha acreditada suficientemente la afectación del derecho al acceso al crédito por razón de una indebida inclusión del reclamante en la citada base de datos administrada por el Banco Central de la República Argentina, es decir, cuando se ha probado adecuadamente que el sujeto vio perdida o disminuida la expectativa de disponer del crédito bancario para adquirir algún bien o servicio. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.