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C. M. D. S. se sometió a un juicio abreviado, que aún debe ser homologado, tras haber viajado sin autorización a España, donde comenzó a monitorear los movimientos de su ex pareja.
Carlos Marcelo D. S. fue condenado a 2 años de prisión efectiva, en un juicio abreviado que aún debe ser homologado, tras viajar a España y comenzar a monitorear los movimientos de su ex pareja, quien se radicó en ese país, junto a los hijos en común.
D. S. fue detenido al regresar al país, en el aeropuerto de Ezeiza, donde curiosamente tenía puesta la tobillera electrónica que se le había colocado en España.
La mujer, identificada como M. A. L.Q., había denunciado el hostigamiento y miedo que le generaba su ex pareja.
Ahora, D. S. tendrá prohibido salir de la Argentina, en caso de que el juez correccional de San Martín Claudio César Fraga homologue el acuerdo de juicio abreviado en el cual se propuso que reciba una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por insolvencia familiar fraudulenta y otros delitos.
Regresó de España sin avisar a la Justicia
El detenido regresó de España el pasado domingo sin avisar a la Justicia y a la policía de la capital ibérica, que le habían impuesto una restricción monitoreada por una pulsera electrónica.
Es que, a pesar de que tenía prohibido salir de la Argentina, por la causa que tenía pendiente, voló a España a fines de abril y, tras pasar tres días en un hostel, alquiló un auto en el que durmió durante semanas mientras, según se sospecha, controlaba todos los movimientos de su ex y de la familia a través de un celular que había pegado con cinta adhesiva debajo del chasis del coche de la mujer.
Ella lo descubrió providencialmente, porque el teléfono se despegó y cayó en su garaje, y en ese momento él intentó irse rápidamente del país, pero lo atraparon en el aeropuerto de Barajas.
El acusado “negó haber colocado teléfono alguno en los bajos del vehículo de M. A. y negó haber amenazado a la misma, sosteniendo que la finalidad siempre ha sido apartarle de sus hijos”, y que la finalidad de su viaje había sido, precisamente, retomar el contacto con ellos.
La abogada que lo representó en la audiencia se opuso a que se dicten medidas restrictivas en su contra. Sostuvo que no existían “indicios racionales de criminalidad ni riesgo alguno” para Alejandra y sus hijos. D. S. solo pidió que les preguntaran a sus hijos si deseaban verlo.
La jueza que tomó el caso dio por hecho que la situación que se cernía sobre A. era de “riesgo extremo”, como la calificó la policía en su investigación.
Por eso, le impuso una restricción de 1000 metros para acercarse a su hija, a su exesposa, a los hijos de ella y a su nueva pareja. Tampoco podía comunicarse con ellos bajo ningún concepto y por ningún tipo de medio. Es más: debía abandonar, directamente, el territorio de Pozuelo de Alarcón.
Le colocaron una pulsera electrónica para monitorear que no se acercaría. Pero a las 1.51 del domingo, A. advirtió que la señal se había perdido y la policía lo comprobó. D. S. no le avisó a nadie, fue a Barajas y tomó el vuelo UX041 hacia Buenos Aires.
Cuando pasó por Migraciones, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvieron. Curiosamente, llevaba puesta la pulsera electrónica; tenerla colocada y activada no le impidió pasar los escáneres de la aeroestación ibérica y tomar un vuelo.
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