El fisco usará un viejo acuerdo tributario para profundizar la información que recibirá a partir de septiembre. Las guaridas fiscales piden cada vez más información.
No tan paraísos
El intercambio de información tributaria con el IRS de Estados Unidos le dará acceso a la AFIP a los nombres de los titulares de las cuentas bancarias radicadas en ese país y a la renta final de esos extractos. El fisco tendrá que hacer, a partir de eso, un trabajo extra: detectar qué activos produjeron ese beneficio y quiénes son los beneficiarios finales de las cuentas, que los inversores mejor asesorados suelen poner a nombre de sociedades conectadas a paraísos fiscales. Para esa pesquisa, la AFIP cuenta con una herramienta clave: el intercambio "a requerimiento" con Estados Unidos, que rige desde 2016. El fisco podrá usar así el listado general para focalizar su búsqueda de infractores y requerir mayor información particular.
Será más difícil tener dinero sin declarar, les advirtió el tributarista César Litvin a unos 750 interesados que se acercaron personalmente o se conectaron vía zoom, el 29 de diciembre pasado, a su charla en el hotel Conrad de Punta del Este. No solo porque el fisco tendrá más herramientas, sino porque, además, los paraísos fiscales empezaron a hacer más preguntas y, de a poco, comparten más información con los países miembros de la OCDE.
EL DOBLE INTERCAMBIO
"La AFIP va a usar los dos intercambios de información", le dijo Litvin a El Cronista. En septiembre, el IRS dará acceso a la AFIP a los datos de todas las cuentas de los argentinos en Estados Unidos, sin desagregar a sus beneficiarios finales. A partir de esa información, AFIP utilizará el intercambio "a requerimiento" y solicitará un reporte más detallado para los casos que considere sospechosos. "No es masivo, se pueden efectuar 60 pedidos por año", dijo Litvin. Este reporte incluirá, entre otros datos, los beneficiarios finales, los cotitulares de la cuenta y el detalle (más allá de la renta).
Ese segundo filtro de información puede llevar a la AFIP a los paraísos fiscales en los que quienes tienen dinero sin declarar creen estar, hoy, a resguardo de las sanciones. Son aquellos países del Atlántico con legislación anglosajona por ser territorio del Reino Unido o miembros de la commonwealth: Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves, Belice y Bahamas. Hacia allí va, por ejemplo, el dinero de los ciudadanos estadounidenses que quieren blindar a sus activos de los impuestos a la herencia. Panamá se suma a la lista.
NO TAN PARAÍSOS
"Pero los países piden cada vez más información", advirtió Litvin. "Islas Vírgenes Británicas comenzó este año a exigir los balances" que justifiquen el origen del dinero, por ejemplo. Esto se profundizará por la presión de los países OCDE. "Es cuestión de tiempo; estas jurisdicciones empiezan a pedir más datos y puede ser que, por una carambola, la Argentina llegue en algún momento a esos activos", agregó. Algo similar ocurre con Uruguay, también bajo el radar de la OCDE.
El tributarista César Litvin advierte que los paraísos fiscales comienzan a requerir más información sobre el origen del dinero.
En ese contexto, el Ministerio de Economía preparó un proyecto de ley de blanqueo de capitales con tasas inusualmente bajas, que arrancan en 2,5% para quienes exterioricen y traigan dinero al país. Pero como las valuaciones son al tipo de cambio oficial, las penalidades bajan a la mitad. Por el contrario, el Aporte Solidario no está incluido en la lista de impuestos condonados, por lo que eso agregaría una deuda a quienes tengan patrimonios superiores a los $ 200 millones.
El texto se incluirá en el temario de sesiones extraordinarias, pero quedó sujeto a la puja entre oficialismo y oposición por el intento de juicio político a la Corte Suprema. Además, Juntos por el Cambio tendría poco incentivo a votarlo. "A la oposición le convendría tener su propio blanqueo, si es que piensa ser gobierno en 2023", especuló Litvin.
El proyecto incluye la figura del colaborador, que será premiado si aporta información que le permita al fisco detectar dinero sin declarar. El colaborador sobreviviría al blanqueo, ya que quedaría incorporado en la Ley Penal Tributaria. Para los tributaristas, es algo problemático, porque podría dar lugar a un "festival de extorsiones", según Litvin.
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