Siete personas fueron acusadas en el expediente que investiga las vacunas que habrían sacado de un geriátrico y fueron inoculadas en una casa particular
El escándalo por el pequeño vacunatorio clandestino VIP en San Rafael ya tiene sus primeros avances investigativos. Siete personas fueron imputadas en la causa que investiga el robo de dosis de un geriátrico para ser inoculadas en un grupo de vecinos.
La teoría que prima por estos primeros días en la causa es que las cápsulas de Astrazéneca -cápsulas vacías y 10 dosis listas para apicar- que fueron halladas el domingo pasado en un domicilio de Pueblo Diamante en realidad estaban destinadas a geriátricos.
Según informó en el programa Hola Mendoza el fiscal departamental Javier Giaroli, hay siete personas que ya han sido imputadas aunque todas recuperaron su libertad bajo fianza por tratarse de delitos excarcelables. Uno de los principales apuntados es el dueño de tres geriátricos en cuyo domicilio justamente se había citado a las personas para ser vacunadas. Este hombre fue formalizado por el delito de peculado, que estipula de 2 a 10 años de prisión para el funcionario público que sustrae bienes del Estado. "Al participar del sistema de vacunación provincial adquiere carácter de funcionario público", detalló Giaroli. Su esposa, que estaba en el domicilio, también fue acusada por el mismo delito pero en calidad de partícipe primaria -arriesga la misma pena-. En ese mismo rango fueron imputados el médico Rubén López, quien era al que citaba a las personas a través de un grupo de Whatsapp, y el enfermero que se encontraba en el domicilio. Este último hombre, además de ser partícipe primario en el peculado también fue formalizado por ejercicio ilegal de la medicina -de 15 días a 1 año de cárcel- ya que tenía su matrícula vencida. Los otros tres acusados en el expediente fueron las personas que se dirigieron a la propiedad para recibir la dosis. En estos casos el delito fue tentativa de violar las normativas dispuestas por las autoridades sanitarias, por lo que arriesgan de 3 meses a 1 año de cárcel.
El próximo paso en la investigación será el análisis que realiza la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (Udapif) sobre 20 teléfonos celulares que fueron secuestrados en los allanamientos que se realizaron el domingo pasado. "Buscamos determinar el origen de las vacunas y si se estaba cobrando dinero. De las conversaciones hasta el momento no surge, pero se había contratado al enfermero y está el costo de los descartables, por lo que tanta benevolencia resulta sospechosa", detalló el fiscal Giaroli.
No hay comentarios:
Publicar un comentario