Se promulgó la ley que disuelve el EPAS: cómo funcionará ahora

El Departamento General de Irrigación será el encargado del control de calidad de los servicios de agua y saneamiento. También fijará las nuevas tarifas y contará con la facultad de sancionar a los usuarios.

La disolución del Ente Provincial de Aguas y Saneamientos de Mendoza ya se hizo oficial, ya que este martes se promulgó la Ley 9.589. La norma establece las nuevas facultades que tendrá el Departamento General de Irrigación (DGI) respecto al control y provisión del recurso hídrico como del sistema cloacal. También podrá fijar las nuevas tarifas y sancionar a los usuarios.

El DGI, a cargo de Sergio Marinelli, también tendrá la responsabilidad de organizar audiencias públicas, elaborar informes anuales sobre el estado de los servicios y resolver conflictos entre usuarios y operadores. Estas facultades estarán bajo una nueva dirección dentro de la órbita de la Secretaría de Gestión Hídrica, que es dirigida por el funcionario Diego Coronel.

Según el texto legal, uno de los principales propósitos es asegurar la expansión y mantenimiento del sistema de agua potable y cloacas, mientras se promueve el uso racional y eficiente del recurso hídrico. Para cumplir con estos objetivos, el ente podrá gestionar recursos provenientes de multas, tasas de control y otros ingresos, además de suscribir convenios con organismos provinciales y municipales.

El operador Agua y Saneamiento Mendoza (SAPEM) se encargará de la asistencia técnica y operativa a los operadores de Gestión Comunitaria, y asumirá el servicio en áreas donde estos no puedan prestarlo. Asimismo, se establece que Irrigación podrá otorgar permisos temporarios para garantizar la prestación del servicio, bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El desarrollo de la infraestructura y la provisión de servicios de agua potable y saneamiento deberán ajustarse a un sistema regulado, con el control de la ejecución de planes y programas de inversión por parte de los operadores.

A través del Ente Regulador, se llevará a cabo la supervisión de tarifas, que reflejarán los costos de operación y expansión, con revisiones anuales y ajustes en caso de cambios significativos. Se podrán aplicar restricciones o suspensiones transitorias del servicio por impagos, bajo ciertas condiciones.

Además, será responsable de la creación de un informe anual sobre el estado de los servicios en la provincia y de la fijación de las tasas de inspección, control y sostenimiento. Se contempla la posibilidad de subsidios para usuarios de bajos recursos, incluidos jubilados.

Respecto a la liquidación del EPAS, la cartera que conduce Natalio Mema tendrá a su cargo la liquidación de la misma, para lo cual deberá nombrar un liquidador que tendrá todas las facultades necesarias para llevar a cabo la labor correspondiente.

Por último, la ley precisa sobre cómo será el futuro de los empleados del EPAS, los cuales podrán pasar a SAPEM o reubicarse en alguna dependencia administrativa del Estado provincial.