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domingo, 20 de octubre de 2024

Uno por uno, los 22 cargos que creará la Corte mendocina en 2025

El máximo tribunal de Justicia fue el único organismo autorizado en el presupuesto del año que viene para crear cargos nuevos sin necesidad de que se produzca una vacante.



Por estas horas, las miradas de los poderes del Estado están puestas en los números. El Ejecutivo presentó este miércoles 16 el proyecto de presupuesto provincial para el año próximo. En materia de personal, la Corte tiene autorizado, en el texto de la pauta de gastos para 2025, la creación de 22 cargos adicionales entre los que se encuentran relatores e inspectores de justicia, entre otros. El resto de los organismos, deberán esperar a que se produzca una vacante para su llamado a concurso. 


Este año, en medio del conflicto salarial con los funcionarios y empleados judiciales, que derivó en un extenso paro de 17 días durante el mes de mayo, estuvo en agenda la posibilidad de la "autarquía" del Poder Judicial, es decir que recaude y maneje sus fondos sin autorización de la Casa de Gobierno, pero claro está, es un proceso que si se da en algún momento, no será de un año para otro. Por eso, en la pauta de gastos para 2025, figuran los montos para el funcionamiento de ese poder del Estado y la dinámica de autorizaciones para crear cargos, como ocurre año tras año.


Los cargos

En materia de personal, hay un anexo del presupuesto que consiste en "la autorización para crear cargos". Generalmente, la Corte pide una cantidad de puestos nuevos, pero se autorizan algunos menos. Los que figuran para este año en la planilla son 22 y fueron solicitados por el máximo tribunal de Justicia de la provincia. 


Se trata de 

  1. 3 secretarios relatores, 
  2. 5 inspectores de justicia, 
  3. 8 secretarios de paz letrados y 
  4. 6 oficiales de tercera.

 Son cargos que tienen diferentes categorías. 

La Corte, a diferencia del resto de los organismos, fue autorizada por el Ejecutivo a crear esa veintena de nuevos puestos sin necesidad de que se produzca una vacante para llamar a concurso, sino que el Ejecutivo designó más partidas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. 



La autorización de los cargos figura en el artículo 23 del presupuesto. La Corte, por pedido del mismo organismo, le da vista a la Contaduría General de la provincia para verificar que cada vez que se cree el puesto estén los fondos. En otras épocas, se creaban las vacantes y no se podían efectivizar por falta de presupuesto por eso se cambió la dinámica. 


La Procuración, en tanto, de la que depende el Ministerio Público, es evaluada, como otros organismos del Estado, por el Tribunal de Cuentas. Respecto de los nuevos puestos para este año, serán creados de acuerdo a las necesidades. 


El artículo de la pauta de gastos para el año que fue se denomina: "Autorización para llamar a concurso Poder Judicial y Legislativo" . Respecto del Poder Judicial, el texto indica que: "Podrá utilizar las vacantes en cargos de magistrado con crédito presupuestario para ser cubiertas por concurso o conforme la legislación vigente y del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, conforme se indique en la reglamentación".


En tanto que para el máximo tribunal el articulado sostiene: "La Suprema Corte de Justicia podrá llamar a concurso en los términos de las Acordadas 11.411 y 19.072 o normativa vigente, formando listas de mérito con los aspirantes que aprueben dicho concurso, con el fin de cubrir las vacantes con crédito presupuestario de empleados y funcionarios existentes o que se produzcan en el futuro. Al momento del efectivo nombramiento, la Suprema Corte de Justicia deberá contar con el crédito presupuestario y el cargo vacante según corresponda. Todos los nombramientos deberán ser comunicados a la Contaduría General de la Provincia fin de que ésta proceda a su registración salvo que se verifiquen incumplimientos en las condiciones precedentemente citadas".


Esto significa que todos los cargos de la planta de personal, como los anexos que la componen, cuentan con crédito presupuestario ya asignado en el proyecto de Presupuesto.

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