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En la Semana Mundial del Parto Respetado, Pisak participará de distintas actividades para concientizar sobre el tema. En Buenos Aires se realizará el viernes a partir de las 17 la segunda marcha frente al Congreso Nacional convocada por la Campaña Nacional contra la violencia gineco-obstétrica, un colectivo identificado con un pañuelo rojo, conformado por una treintena de colectivas y organizaciones, que reclaman, entre otras medidas, que se apruebe una ley que obligue al personal de salud a capacitarse en el tema desde una perspectiva de género y derechos humanos.
“Este año se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Parto Respetado (N° 25929) y sin embargo nos siguen violentando”, dice Luján Arcidiácono, del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA). No hay cifras oficiales sobre el alcance de esta forma de violencia de género. Para las organizaciones que vienen trabajando en la temática “no se trata de casos aislados”.
Bajo el lema "Tu voz importa", el OVOA en alianza con la Campaña, lanzó en 2023 un relevamiento para indagar sobre las experiencias de las mujeres y personas gestantes en el país en las consultas ginecológicas, en la atención de la IVE, en partos y cesáreas y en pérdidas gestacionales en instituciones públicas, privadas o en domicilios desde el año 2000 hasta la actualidad. El 60 por ciento de quienes respondieron la encuesta on line reconoció que su experiencia fue muy mala o regular.
Las organizaciones publicaron el primer corte parcial del relevamiento, en el que destacan los siguientes resultados:
● El 42,2% de las encuestadas no pudo estar acompañada o lo estuvo solo por momentos durante la atención de sus partos/cesáreas.
● El 55,2 % reconoce haber recibido conductas aleccionadoras o al menos sospecharlo.
● El 35,2 % consideró que sus decisiones fueron dirigidas/condicionadas.
● El 19,8% sostuvo que las decisiones no fueron informadas ni consultadas con ellas.
● El 42,7% indicó que desvalorizaron o minimizaron sus miedos o emociones.
● El 35% sintió minimizadas sus dudas y/o preguntas.
● El 31,6% sostuvo que menospreciaron sus deseos.
● El 28,9 % dijo que ante la negación de aceptar ciertas prácticas, el personal de salud ignoró su decisión y las realizó de todas formas.
La encuesta se hizo a través de un formulario autoadministrable online,
La Ley 26.485 de protección integral define a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”. Pero no existen mecanismos de denuncia, señala Arcidiácono.
“La violencia ginecobstétrica se sostiene y reproduce en estereotipos de género por los cuales somos consideradas incapaces de decidir sobre nuestros cuerpos y procesos y se espera que seamos obedientes y sumisas en una relación de poder desigual que se ejerce sobre cada una en momentos de extrema vulnerabilidad”, advierte Arcidiácono.
A fines del año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por la muerte de una mujer, víctima de violencia obstétrica y lo instó a que tome medidas que contribuyan a evitar que los casos se repitan. Por eso, desde la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica impulsan un proyecto de ley de Capacitación Obligatoria al Personal de Salud con perspectiva de género y derechos humanos. La iniciativa fue presentada por segunda vez en abril por la diputada de Unión por Todxs Mónica Macha, luego de que perdiera estado parlamentario sin tratamiento. ”Se requieren sanciones adecuadas, justicia restaurativa para las víctimas y decisión política. En los tiempos que corren, con una avanzada agenda antifeminista y de pérdida de derechos, la violencia ginecobstétrica recrudece”, considera Arcidiánoco.
De una cesárea a la silla de ruedas
“Mi obstetra llegó cansado, casi a medianoche, y en lugar de esperar que hiciera el trabajo de parto, me quiso hacer una cesárea”, dice Paula Marisa Pisak. La defensa del médico alegó en la justicia que “había sufrimiento fetal” por esa razón se optó por una cirugía y que el desenlace fue azaroso. Ella niega esa situación: sostiene que fue por comodidad del profesional que le hicieron una cirugía y que hubo mala praxis. De todas formas, la atención que recibió en la cesárea tuvo consecuencias gravísimas. La joven estuvo un año sin poder caminar, trasladándose en silla de ruedas, luego empezó a usar un trípode y ahora se desplaza con bastón canadiense. “No controlo esfínteres, no tengo sensibilidad de la cintura para abajo, sexualidad sin goce desde entonces, sufro espasmos, camino como un robot por la espasticidad. Cuando logro pararme siento dolor neuropático y no tomo calmantes porque me dañaron el hígado tantos remedios durante estas dos décadas”, describe.
La cesárea de Paula tuvo lugar entre el 16 y el 17 de noviembre de 2004. En 2018, otra joven, Yanina Da Silva, de 24 años, falleció luego de ser sometida a una cesárea en la misma clínica. La atendió el mismo médico que a ella, Sergio López Atrio. “También fue denunciado en ese caso por presunta mala praxis. Pero como me pasó a mí la causa penal termina prescribiendo sin que se investigue”, dice Paula.
La tuvieron que trasladar de urgencia a un hospital en Posadas, donde estuvo en coma. Cuando le dieron el alta ya no podía caminar ni oír. “Quedé parapléjica y sorda”, describe.
Licenciada en Letras, Paula era docente en varias escuelas. “Al quedar discapacitada, por no poder oír, perdí mi trabajo”, señala. Intentó recuperar la audición con un implante coclear pero no resultó. Tuvo que reinventarse: estudió Derecho y se graduó de abogada. Hace 11 años tuvo a su segunda hija.
Con el patrocinio legal del abogado Alfonso Arrechea, lleva adelante una demanda por daños y perjuicios contra Sergio López Atrio, Jorge Ramírez (director del Sanatorio Candia, de Jardín América), el anestesiólogo Raúl Rodríguez Flores, entre otros. En primera instancia, Paula logró un fallo parcialmente favorable: la justicia le dio la razón pero exculpó al anestesiólogo. Apelaron tanto ella como la contraparte. Paula quiso que se expidiera el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema sobre la actuación del anestesiólogo. Pero demoró cerca de cinco años en dictaminar. En el camino, dice, se perdieron partes del expediente y hubo que volver a enviarlo. La causa tiene 8 cuerpos y no están digitalizados. Finalmente, en noviembre de 2023 el perito Carlos Darío Hernán Romero, del CMF de la Corte Suprema, se pronunció y responsabilizó en un extenso informe al anestesiólogo por “el daño neurológico central y del nervio acústico” que sufrió la joven al aplicarle anestesia con una aguja de un calibre superior al recomendado y por perforarle la médula ósea. Ahora tiene que pronunciarse sobre el caso la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Posadas.
Los médicos que la atendieron “siguen trabajando en el mismo lugar, incluso el obstetra tiene su propia clínica privada hoy, es docente en un Instituto de Formación Terciario, también trabaja en el hospital público, mientras yo perdí todo”, lamenta Paula.
“Este año se cumplen 20 años de la sanción de la Ley de Parto Respetado (N° 25929) y sin embargo nos siguen violentando”, dice Luján Arcidiácono, del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA). No hay cifras oficiales sobre el alcance de esta forma de violencia de género. Para las organizaciones que vienen trabajando en la temática “no se trata de casos aislados”.
Bajo el lema "Tu voz importa", el OVOA en alianza con la Campaña, lanzó en 2023 un relevamiento para indagar sobre las experiencias de las mujeres y personas gestantes en el país en las consultas ginecológicas, en la atención de la IVE, en partos y cesáreas y en pérdidas gestacionales en instituciones públicas, privadas o en domicilios desde el año 2000 hasta la actualidad. El 60 por ciento de quienes respondieron la encuesta on line reconoció que su experiencia fue muy mala o regular.
Las organizaciones publicaron el primer corte parcial del relevamiento, en el que destacan los siguientes resultados:
● El 42,2% de las encuestadas no pudo estar acompañada o lo estuvo solo por momentos durante la atención de sus partos/cesáreas.
● El 55,2 % reconoce haber recibido conductas aleccionadoras o al menos sospecharlo.
● El 35,2 % consideró que sus decisiones fueron dirigidas/condicionadas.
● El 19,8% sostuvo que las decisiones no fueron informadas ni consultadas con ellas.
● El 42,7% indicó que desvalorizaron o minimizaron sus miedos o emociones.
● El 35% sintió minimizadas sus dudas y/o preguntas.
● El 31,6% sostuvo que menospreciaron sus deseos.
● El 28,9 % dijo que ante la negación de aceptar ciertas prácticas, el personal de salud ignoró su decisión y las realizó de todas formas.
La encuesta se hizo a través de un formulario autoadministrable online,
La Ley 26.485 de protección integral define a la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”. Pero no existen mecanismos de denuncia, señala Arcidiácono.
“La violencia ginecobstétrica se sostiene y reproduce en estereotipos de género por los cuales somos consideradas incapaces de decidir sobre nuestros cuerpos y procesos y se espera que seamos obedientes y sumisas en una relación de poder desigual que se ejerce sobre cada una en momentos de extrema vulnerabilidad”, advierte Arcidiácono.
A fines del año 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Argentino por la muerte de una mujer, víctima de violencia obstétrica y lo instó a que tome medidas que contribuyan a evitar que los casos se repitan. Por eso, desde la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica impulsan un proyecto de ley de Capacitación Obligatoria al Personal de Salud con perspectiva de género y derechos humanos. La iniciativa fue presentada por segunda vez en abril por la diputada de Unión por Todxs Mónica Macha, luego de que perdiera estado parlamentario sin tratamiento. ”Se requieren sanciones adecuadas, justicia restaurativa para las víctimas y decisión política. En los tiempos que corren, con una avanzada agenda antifeminista y de pérdida de derechos, la violencia ginecobstétrica recrudece”, considera Arcidiánoco.
De una cesárea a la silla de ruedas
“Mi obstetra llegó cansado, casi a medianoche, y en lugar de esperar que hiciera el trabajo de parto, me quiso hacer una cesárea”, dice Paula Marisa Pisak. La defensa del médico alegó en la justicia que “había sufrimiento fetal” por esa razón se optó por una cirugía y que el desenlace fue azaroso. Ella niega esa situación: sostiene que fue por comodidad del profesional que le hicieron una cirugía y que hubo mala praxis. De todas formas, la atención que recibió en la cesárea tuvo consecuencias gravísimas. La joven estuvo un año sin poder caminar, trasladándose en silla de ruedas, luego empezó a usar un trípode y ahora se desplaza con bastón canadiense. “No controlo esfínteres, no tengo sensibilidad de la cintura para abajo, sexualidad sin goce desde entonces, sufro espasmos, camino como un robot por la espasticidad. Cuando logro pararme siento dolor neuropático y no tomo calmantes porque me dañaron el hígado tantos remedios durante estas dos décadas”, describe.
La cesárea de Paula tuvo lugar entre el 16 y el 17 de noviembre de 2004. En 2018, otra joven, Yanina Da Silva, de 24 años, falleció luego de ser sometida a una cesárea en la misma clínica. La atendió el mismo médico que a ella, Sergio López Atrio. “También fue denunciado en ese caso por presunta mala praxis. Pero como me pasó a mí la causa penal termina prescribiendo sin que se investigue”, dice Paula.
La tuvieron que trasladar de urgencia a un hospital en Posadas, donde estuvo en coma. Cuando le dieron el alta ya no podía caminar ni oír. “Quedé parapléjica y sorda”, describe.
Licenciada en Letras, Paula era docente en varias escuelas. “Al quedar discapacitada, por no poder oír, perdí mi trabajo”, señala. Intentó recuperar la audición con un implante coclear pero no resultó. Tuvo que reinventarse: estudió Derecho y se graduó de abogada. Hace 11 años tuvo a su segunda hija.
Con el patrocinio legal del abogado Alfonso Arrechea, lleva adelante una demanda por daños y perjuicios contra Sergio López Atrio, Jorge Ramírez (director del Sanatorio Candia, de Jardín América), el anestesiólogo Raúl Rodríguez Flores, entre otros. En primera instancia, Paula logró un fallo parcialmente favorable: la justicia le dio la razón pero exculpó al anestesiólogo. Apelaron tanto ella como la contraparte. Paula quiso que se expidiera el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema sobre la actuación del anestesiólogo. Pero demoró cerca de cinco años en dictaminar. En el camino, dice, se perdieron partes del expediente y hubo que volver a enviarlo. La causa tiene 8 cuerpos y no están digitalizados. Finalmente, en noviembre de 2023 el perito Carlos Darío Hernán Romero, del CMF de la Corte Suprema, se pronunció y responsabilizó en un extenso informe al anestesiólogo por “el daño neurológico central y del nervio acústico” que sufrió la joven al aplicarle anestesia con una aguja de un calibre superior al recomendado y por perforarle la médula ósea. Ahora tiene que pronunciarse sobre el caso la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Posadas.
Los médicos que la atendieron “siguen trabajando en el mismo lugar, incluso el obstetra tiene su propia clínica privada hoy, es docente en un Instituto de Formación Terciario, también trabaja en el hospital público, mientras yo perdí todo”, lamenta Paula.
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