17 DE OCTUBRE DE 2023 - 20:37
El acuerdo de juicio abreviado es la herramienta principal que propone el sistema procesal penal de la provincia de Santa Fe para poner punto final a los procesos penales: lograr una condena sin el desarrollo de un juicio oral y público. Los acuerdos son entre la Fiscalía y la defensa del imputado y deben ser avalados por un juez que lo deja firme y dicta sentencia.
En los últimos meses, la jueza Susana Luna -de larga trayectoria en el fuero penal santafesino- rechazó muchos de estos acuerdos, y en diálogo con AIRE explicó el motivo de sus decisiones. “Son herramientas fundamentales para poner fin al conflicto penal pero deben ser utilizadas dentro del marco legal", dijo la magistrada.
En este sentido añadió que "si pensamos que son meras homologaciones lo que hacen los jueces, directamente no debería haber audiencia, que se presente el escrito, lo firmamos y listo, que salga como salga”.
Luna además se refirió a que las audiencias tienen por objetivo dar un control sobre si las calificaciones jurídicas elegidas por las partes cumplen con el marco legal correspondiente y que sean adecuadas al hecho concreto que se le atribuye a una persona. No obstante, aclaró que las penas elegidas no son todas iguales y que siempre deben estar dentro de la escala penal.
La jueza destacó a su vez que se debe controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales. “No solo del imputado, sino también de las víctimas, a partir de la última ley de víctimas se le da una participación muy importante", sostuvo.
"Es importante saber que la víctima está a sabiendas de la decisión que se toma, porque no se va a juicio oral, y cuando se condena por procedimiento abreviado, es con una pena menor a la que le podría caber en un juicio, entonces ¿cómo la víctima no va a saberlo? No es vinculante, se puede hacer igual, pero tiene el derecho a saberlo. Estos requisitos son fundamentales y esto es lo que los jueces controlamos”, hizo hincapié la jueza.
Pedidos desestimados
Luna se refirió también a los desestimaciones que dio en torno a varios casos en los que las partes (Fiscalía y Defensa) acordaron penas abreviadas. Como, por ejemplo, en el que rechazó que el delator de una banda que asaltó una Comisaría de Arroyo Leyes para robar en una casa lindera cierre una condena de tres años y sea declarado participe secundario.
"Había, a mi modo de ver, una clara coautoría o participación necesaria, que fue imputada originariamente, una investigación compleja, con bombos y platillos, y ¿terminamos cerrando un abreviado con penas en suspenso, o mínimas, poniendo a la persona en una posición de partícipe secundario porque fue un informante?", se preguntó.
“Es cierto que en el último tiempo he tenido algunos rechazos, como el caso del hoy (ver aparte) y el caso de Arroyo Leyes. Hoy se me planteó una modificación que al principio fue un delito consumado, en un hecho muy grave, un robo con arma, una persona que además es reincidente, y obviamente no era un delito tentado ni cuasi flagrancia, porque hay un concepto equivocado acá de la tentativa: puede haber sido una cuadra que si no hubo persecución policial o de un civil que no lo perdió de vista, el robo está consumado”, explicó.
“Tomé todos los recaudos para asegurar a las partes que se tome una decisión correcta y no hacer caer en sí un abreviado al que no es fácil llegar”, dijo la magistrada.
"No podemos estar sacando, como dije en la audiencia, procesos como pan caliente, porque acá lo que tenemos que lograr es el equilibrio entre los derechos de las víctimas, de los imputados y de la sociedad, porque son delitos muy graves", acotó.
Tenemos que lograr es el equilibrio entre los derechos de las víctimas, de los imputados y de la sociedad
"Me he puesto muy estricta porque he estado observando, no sé si es por el cúmulo de trabajo, en el afán de cerrar causas y no quiero prejuzgar porque sé que la Fiscalía hace un trabajo muy importante, pero sé cuál es mi deber. No soy la dueña de la verdad, está la Alzada y se puede recurrir y ellos dirán”, destacó Luna.
"Tenemos que ser criteriosos, son delitos muy graves, si no, no se encuentra el equilibrio que se busca en la justicia, ni para el imputado que tiene que tener una pena justa y adecuada, ni para las víctimas y la sociedad”, explicó la jueza.
Por último, la magistrada analizó que “siempre fui observadora –de los acuerdos abreviados–, pero estoy notando últimamente estas situaciones y estoy más alerta. Hago mi trabajo de la mejor manera que puedo, no soy la dueña de la verdad y está siempre la posibilidad de recurrir a la Alzada y ver que piensan”, concluyó.
El acuerdo de juicio abreviado es la herramienta principal que propone el sistema procesal penal de la provincia de Santa Fe para poner punto final a los procesos penales: lograr una condena sin el desarrollo de un juicio oral y público. Los acuerdos son entre la Fiscalía y la defensa del imputado y deben ser avalados por un juez que lo deja firme y dicta sentencia.
En los últimos meses, la jueza Susana Luna -de larga trayectoria en el fuero penal santafesino- rechazó muchos de estos acuerdos, y en diálogo con AIRE explicó el motivo de sus decisiones. “Son herramientas fundamentales para poner fin al conflicto penal pero deben ser utilizadas dentro del marco legal", dijo la magistrada.
En este sentido añadió que "si pensamos que son meras homologaciones lo que hacen los jueces, directamente no debería haber audiencia, que se presente el escrito, lo firmamos y listo, que salga como salga”.
Luna además se refirió a que las audiencias tienen por objetivo dar un control sobre si las calificaciones jurídicas elegidas por las partes cumplen con el marco legal correspondiente y que sean adecuadas al hecho concreto que se le atribuye a una persona. No obstante, aclaró que las penas elegidas no son todas iguales y que siempre deben estar dentro de la escala penal.
La jueza destacó a su vez que se debe controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales. “No solo del imputado, sino también de las víctimas, a partir de la última ley de víctimas se le da una participación muy importante", sostuvo.
"Es importante saber que la víctima está a sabiendas de la decisión que se toma, porque no se va a juicio oral, y cuando se condena por procedimiento abreviado, es con una pena menor a la que le podría caber en un juicio, entonces ¿cómo la víctima no va a saberlo? No es vinculante, se puede hacer igual, pero tiene el derecho a saberlo. Estos requisitos son fundamentales y esto es lo que los jueces controlamos”, hizo hincapié la jueza.
Pedidos desestimados
Luna se refirió también a los desestimaciones que dio en torno a varios casos en los que las partes (Fiscalía y Defensa) acordaron penas abreviadas. Como, por ejemplo, en el que rechazó que el delator de una banda que asaltó una Comisaría de Arroyo Leyes para robar en una casa lindera cierre una condena de tres años y sea declarado participe secundario.
"Había, a mi modo de ver, una clara coautoría o participación necesaria, que fue imputada originariamente, una investigación compleja, con bombos y platillos, y ¿terminamos cerrando un abreviado con penas en suspenso, o mínimas, poniendo a la persona en una posición de partícipe secundario porque fue un informante?", se preguntó.
“Es cierto que en el último tiempo he tenido algunos rechazos, como el caso del hoy (ver aparte) y el caso de Arroyo Leyes. Hoy se me planteó una modificación que al principio fue un delito consumado, en un hecho muy grave, un robo con arma, una persona que además es reincidente, y obviamente no era un delito tentado ni cuasi flagrancia, porque hay un concepto equivocado acá de la tentativa: puede haber sido una cuadra que si no hubo persecución policial o de un civil que no lo perdió de vista, el robo está consumado”, explicó.
“Tomé todos los recaudos para asegurar a las partes que se tome una decisión correcta y no hacer caer en sí un abreviado al que no es fácil llegar”, dijo la magistrada.
"No podemos estar sacando, como dije en la audiencia, procesos como pan caliente, porque acá lo que tenemos que lograr es el equilibrio entre los derechos de las víctimas, de los imputados y de la sociedad, porque son delitos muy graves", acotó.
Tenemos que lograr es el equilibrio entre los derechos de las víctimas, de los imputados y de la sociedad
"Me he puesto muy estricta porque he estado observando, no sé si es por el cúmulo de trabajo, en el afán de cerrar causas y no quiero prejuzgar porque sé que la Fiscalía hace un trabajo muy importante, pero sé cuál es mi deber. No soy la dueña de la verdad, está la Alzada y se puede recurrir y ellos dirán”, destacó Luna.
"Tenemos que ser criteriosos, son delitos muy graves, si no, no se encuentra el equilibrio que se busca en la justicia, ni para el imputado que tiene que tener una pena justa y adecuada, ni para las víctimas y la sociedad”, explicó la jueza.
Por último, la magistrada analizó que “siempre fui observadora –de los acuerdos abreviados–, pero estoy notando últimamente estas situaciones y estoy más alerta. Hago mi trabajo de la mejor manera que puedo, no soy la dueña de la verdad y está siempre la posibilidad de recurrir a la Alzada y ver que piensan”, concluyó.
%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia%20-%20copia.png)
