Una empresa no puede despedir a un empleado por incapacidad permanente total: así es la sentencia pionera

“Esto impedirá que estas personas dejen de cotizar a la Seguridad Social y se vea perjudicada su futura jubilación”, denuncia el letrado.

En una decisión sin precedentes, el Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo ha emitido el primer fallo en España que sigue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), estableciendo que los trabajadores en situación de incapacidad permanente total no pueden ser despedidos sin considerar previamente su reubicación o adaptación del puesto de trabajo. Esta sentencia llega tras la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Baleares al TJUE sobre la compatibilidad del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores con la normativa europea y el principio de igualdad.

El Tribunal de Justicia de la UE respondió a la pregunta indicando que las empresas deben intentar ajustar las condiciones laborales antes de proceder a la terminación del contrato de los empleados con discapacidad incapacitante. Esta medida busca una mayor integración laboral de personas con discapacidad y promueve la protección de sus derechos al empleo. La sentencia dictada por el juzgado vigués marca un hito en la legislación laboral española, al considerar que despedir a un empleado con incapacidad permanente total sin intentar una reubicación o adaptación es contrario a la legislación europea.

El abogado Javier de Cominges, quien defendió al trabajador afectado, celebró este fallo como un avance significativo en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Afirmó que esta resolución judicial no solo resalta la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral sino que también pone de manifiesto las deficiencias del actual Estatuto de los Trabajadores en este aspecto. La sentencia subraya la obligación de explorar todas las posibilidades antes de terminar el contrato laboral, a menos que dichos ajustes resulten una carga excesiva para la empresa.

Esta relevante decisión judicial ha provocado una respuesta inmediata del gobierno español. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció que se promoverá una modificación legislativa para alinear los procedimientos de despido de personas en situación de incapacidad permanente con la reciente jurisprudencia europea, enfocándose en la preservación de los derechos laborales y la no discriminación de empleados con discapacidad.

Esta sentencia constituye un precedente importante en la lucha contra la discriminación laboral y en favor de la integración de personas con discapacidad en el entorno laboral, garantizando que sus derechos sean protegidos de acuerdo con los estándares europeos.