Los jueces apelativos confirmaron una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, adjudicando que conforme a derecho la obligatoriedad de las los contadores era contraria a la libertad de asociación.
Por Daniel Rivera Vargas
Un panel del Tribunal de Apelaciones determinó que es inconstitucional la colegiación obligatoria de las y los contadores públicos autorizados (CPA) de Puerto Rico
En una decisión de 26 páginas, las y los jueces apelativos confirmaron una sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, adjudicando que -conforme a derecho- la obligatoriedad de la colegiación de las y los CPA era contraria a la libertad de asociación garantizada por la Constitución.
«El Colegio de Contadores no logró establecer justificación alguna para la intromisión con el derecho constitucional a la libre asociación de los contadores públicos autorizados mediante la colegiación obligatoria. Tampoco demostró que la colegiación obligatoria fuera una alternativa menos onerosa para alcanzarlos objetivos de profesión», reza la opinión.
El pleito fue iniciado originalmente por los CPA Félix Norman Román y Virgilio Vega contra el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, pero el caso fue resuelto por el TPI tras una moción de sentencia sumaria presentada por el gobierno de Puerto Rico en contra de la colegiación obligatoria.
A pesar del resultado adverso al Colegio, el panel de juezas y jueces apelativos exhorta a la institución a seguir trabajando por el bien de su profesión y la sociedad.
«Lo aquí resuelto no impide que el Colegio de Contadores permanezca con una colegiación voluntaria y ayude a supervisar la profesión y a proteger la expectativa de intimidad de los ciudadanos», concluyó el panel.
El abogado Ramón Rosario expresó en sus redes sociales que él llevó el pleito y que esta decisión coincide con lo ya resuelto para otros grupos previamente colegiados de forma obligatoria, como las y los profesionales de la abogacía, ingeniería y mecánica.
Cabe destacar, que esta decisión podría ser impugnada en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, la mayoría de los miembros actuales del alto foro judicial, en el 2014, en Rivera Schatz v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, determinaron inconstitucional la colegiación obligatoria de abogados y abogadas.
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