Fue hace un año cuando el joven de 22 años llegó hasta el edificio de los Tribunales federales de la ciudad de Córdoba, a metros del parque Sarmiento. “Mi mamá me dijo que viniera acá porque me llegó una carta de la Afip”, dijo, antes de revelar lo que se iba a convertir en la punta de la madeja de una de las causas más grandes de los últimos tiempos.
Hacía unos días le había llegado una intimación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El Monotributo del muchacho, que se dedicaba al break dance (un baile al estilo hip hop que se realiza en las plazas públicas), estaba generando facturas por montos voluminosos.
De inmediato, un empleado judicial lo sentó y comenzó a hacerle preguntas. El joven insistía en que él jamás le había dado una factura a nadie. El verano anterior, recordó, había estado trabajando dos meses en Villa Carlos Paz. Luego, regresó a la ciudad de Córdoba y continuó con su hobby. Estaba inquieto: la carta de la Afip le auguraba problemas.
En Tribunales federales lo tranquilizaron. Y lograron que hiciera un poco de memoria. Entonces recordó que un conocido le había pedido la clave fiscal. A cambio de sólo unos pocos pesos, le había asegurado que se despreocupara.
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Comenzaba, en aquel momento, una gigantesca investigación que hoy tiene 15.995 facturas bajo sospecha, emitidas desde el 1º de enero de 2018; 45 imputados, 17 de ellos con alguna clase de detención (en prisiones o domiciliarias), y una importante colección de vehículos de alta gama, de cuadriciclos y de yates secuestrados.
De manera inédita, todos los eslabones aparecen juntos en esta causa que llevan adelante en Córdoba los fiscales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, bajo la supervisión del Juzgado Federal N° 1, que dirige Ricardo Bustos Fierro.
Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leen en los hasta ahora 92 hechos delictivos fijados en la acusación. Una maraña en la que aparecen involucrados dos intendentes, empresarios, contadores (hay 18 imputados) y personas de muy bajos recursos.
Por un lado, 107 personas a las que les utilizaron sus claves fiscales para generar facturas truchas: algunos las cedieron por algunos pesos o un trabajo temporal, otro para costear la quimioterapia de su madre, y varios más ahora dijeron que fueron engañados. El caso extremo es el de un joven de 19 años de escasos recursos que “facturó” 10 millones de pesos.
Estos eran contactados por los “reclutadores”, aquellos que también tenían nexos con una parte central de esta historia delictiva: los emisores. Se trata de quienes elaboraban las facturas por montos de hasta 10 millones de pesos para que empresarios y particulares pudieran simular gastos y lograran reducir, ante el control de la Afip, la carga tributaria de IVA y de Ganancias.
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Entre los emisores y los empresarios, figuran los denominados “intermediarios”, quienes se comunicaban sólo por WhatsApp. Ellos se encargaban de unir a las partes.
En términos generales y simples: una empresa que obtiene ganancias por 100 millones de pesos simula haber efectuado erogaciones por 50 millones con el objetivo de reducir a la mitad la carga impositiva, ya que la Afip sólo exigirá impuestos por una hipotética ganancia de 50 millones de pesos.
“Dineros que nunca llegaron al Estado para que pudiera invertirlos en salud y en educación”, sintetizó un informante que sigue bien de cerca toda esta historia judicial.
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En Tribunales federales y en la Afip, se habla de al menos 450 millones de pesos que el Estado dejó de percibir.
Más operativos
La investigación irrumpió de manera pública el lunes 31 de agosto, cuando se realizaron allanamientos simultáneos en Córdoba, en Santa Fe, en Santiago del Estero y en Buenos Aires. Además, en San Francisco se sigue una causa paralela, ya que se investiga una maniobra similar con puntos en contacto con aquella.
En aquellos días, la noticia más rimbombante fue la imputación de los intendentes de Saldán, Cayetano Canto, y de Mendiolaza, Daniel Salibi. Es que algunas de estas facturas emitidas por personas sin recursos o que jamás fueron proveedoras de esos municipios aparecieron en esas administraciones. Cifras de más de siete millones de pesos, que estarían relacionadas con estas presuntas maniobras, aparecen en Saldán y en Mendiolaza.
Desde entonces, la causa continúa. Algunos de los empresarios propusieron en el juzgado federal una salida llamativa: pagar la deuda real con la Afip y, a cambio, librarse de toda culpa. Los fiscales resisten esta idea.
El miércoles último, con el mayor hermetismo, fueron allanados siete domicilios más en countries de la ciudad de Córdoba y de Villa Allende. Se agregaron más detenidos e imputados.
Como supuesto líder de la presunta asociación ilícita figura Diego Vieyra Ferreyra, quien permanece detenido. Se sospecha que él tenía un rol clave en la generación de las facturas truchas. Según el organigrama hipotético de la investigación, su supuesto rol de emisor lo ponía en contacto con varios de los presuntos eslabones de esta historia.
En términos generales, se sospecha que por cada factura los emisores cobraban el 30 por ciento del monto generado. O sea, una factura de un millón de pesos se vendía a 300 mil pesos. Pero ese monto no era todo para el emisor, sino que se repartía, en teoría, entre los eslabones que iban interviniendo: el pago al dueño de la clave fiscal, al “reclutador” y al “intermediario”.
¿Quién obtenía realmente el mayor beneficio? Los usuarios de estas facturas aparecen en la causa como los grandes ganadores en términos económicos. Otra vez, la pregunta: ¿quién mandaba a quién entonces?
Firmas muy particulares
La investigación ya comenzó a revelar otro entramado. En varias de las empresas bajo sospecha, se detectó que los reales directores no figuraban de esta manera en los papeles: aparecían como CEO, suplentes o directamente no estaban en ningún papel.
Y hasta se descubrió una empresa fantasma radicada en Buenos Aires que decía tener una sede en Villa Carlos Paz donde sólo hay un baldío.
Hasta ahora hay 48 contribuyentes, entre empresas y personas físicas, bajo la lupa de los investigadores.
Un caso llamativo es el de la firma Corphone SA, uno de los call centers más importantes de Córdoba, que brinda servicios a reconocidas empresas, varias de ellas contratistas del Estado provincial.
Como una de las directoras, figuraba Silvina María Valeria Rincón (32), una empleada doméstica de la localidad de General Cabrera que no terminó el primario.
Otro de los directores, Sergio Gabriel Sosa, fue localizado en una modesta vivienda de Bialet Massé y, en el cotejo de sus datos particulares, se comprobó que tiene el beneficio del boleto social educativo.
En la investigación federal, se indica que los directores Alberto Hernán Laousarrarian (fallecido), Rincón y Sosa, y el apoderado de la sociedad, Cristian Debarre, habrían simulado la real situación fiscal de la empresa ante la Afip.
Debarre fue allanado en su casa en el country El Bosque, de la ciudad de Córdoba. Entre otras particularidades, se le secuestraron más de dos millones de pesos, tres mil dólares, cuatro autos (tres de ellos de alta gama), un yate y una valiosa moto, según apuntaron los informantes. Y, en una caja de seguridad en la firma Hausler, le encontraron otros 91 mil dólares.
La firma hoy está en concurso de acreedores. Pero, hace unas semanas, sus abogados le presentaron una propuesta a la Afip para cancelar una presunta deuda de 85 millones de pesos.
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